Reducen un 40% las guardias.
Graves problemas de atención.
El Gobierno porteño puso en
marcha un fuerte ajuste en el sistema sanitario que afecta principalmente la
atención primaria en guardias de hospitales y Cesac.
Por Franco Spinetta
Cinco meses después de
que el gobierno porteño ordenara la reducción de un 40% de las suplencias de
guardia –a través de la resolución 1.657–, los efectos de la medida continúan
haciendo mella en la situación laboral de los trabajadores y, por ende, en la calidad
de atención de los pacientes que utilizan sólo el sistema público de salud.
La crisis se cargó a dos directores de los
hospitales Álvarez y Moyano porque se negaron a aplicar el ajuste. El tema
llegó a la Legislatura ,
donde María Rachid (FpV) y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda) presentaron dos
pedidos de informes para que el Ejecutivo explique cuáles son los alcances de
la resolución ministerial. En la reunión de asesores legislativos realizada el
martes 31, médicos de distintos hospitales concurrieron para relatar sus
penurias cotidianas.
Al mismo tiempo, la discusión salarial
comienza a asomar con fuerza. Al cese de actividades que realizaron los
profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, se le sumaron dos paros
de ATE (viernes 28 de marzo y jueves 3). Los trabajadores reclaman una suba del
35% de los salarios y, también, la derogación de la resolución 1.657.
Las suplencias de guardia son el eje de la
discusión. El Ministerio de Salud justificó el recorte encarado desde fines de
2013 porque, advirtieron, existiría un abuso de los trabajadores de esta
modalidad, que en lo formal funciona como horas extras. La Coordinadora Gremial
por la Salud Pública
(Cogresap) denunció que se trata de una flexibilización encubierta: con las
suplencias se cubren cargos que desde hace años esperan por su titular.
Trabajo precario
Se calcula que en esta situación hay unos
2.200 cargos, cuyos nombramientos están desfinanciados.
Es decir: a pesar de
que fueron concursados, el Ministerio de Hacienda no autoriza la partida
presupuestaria y el nombramiento se cae. El recorte afecta a unos 1.500
trabajadores que cumplían su trabajo en forma totalmente precaria (cobraban el
70% del sueldo de un titular), sin vacaciones ni aumentos de salario en los
últimos tres años. Frente a esta situación, los trabajadores recurrieron a la Justicia patrocinados por
la Defensoría
General. Presentaron un amparo y el 27 de diciembre de 2013,
la jueza subrogante Patricia López Vergara –tomó el caso por la ausencia del
juez Roberto Gallardo– les dio la razón con argumentos contundentes. Dijo,
entre otras cuestiones, que “de mantenerse la vigencia de la decisión
ministerial, muchos de los servicios de los hospitales y SAME dejarían de
funcionar, con el consecuente daño irremediable para la población que sólo
accede a las prestaciones de salud que brinda el Estado local”.
Además, la jueza cuestionó directamente a la
ministra, Graciela Reybaud, porque la resolución “no contiene ningún
fundamento” que justifique el recorte: “Muy por el contrario, a la carencia de
fundamentación válida, debe agregarse la presunción de que mediante la decisión
ministerial se vería seriamente afectado el interés público y se comprometería
la regularidad de las prestaciones sanitarias”. Agregó: “Las cuestiones presupuestarias
no son un motivo suficiente ni una fundamentación razonable para justificar
semejante medida”. Pero el gobierno no acató la decisión judicial. Apeló la
medida cautelar y recusó a Gallardo cuando tomó la causa. Las trabas dilataron
una posible resolución y el recorte sigue en marcha.
No se salvo ni el SAME
Desde el 17 de marzo, el SAME sintió los
efectos del tijeretazo. Una serie de paros activos dejaron en evidencia el
nivel de precarización del sistema de emergencias médicas. La delegada Laura
Schargrodsky dijo a Diario Z que casi la mitad de los trabajadores del SAME se
vieron afectados por el alcance del recorte. “De 168 profesionales, quedaron
98, que además perciben un 42% menos de salario”, explicó. A otros 17
trabajadores se les cambiaron funciones y horarios.
Otra delegada del SAME, Cristina Colom, consideró que ese accionar es
“malicioso”: “A veces teníamos puestos repetidos porque había médicos que
hacían dos guardias; en el gobierno te dicen que no estás despedido porque
seguís con un cargo en el hospital pero te reducen el sueldo a la mitad”.
Como el SAME no posee estructura propia, todo
el plantel –salvo los coordinadores que de ocho pasaron a cuatro– son médicos
nombrados a través de las suplencias de guardias. No son trabajadores efectivos
y cumplen funciones como si su jornada estuviese compuesta por horas extras.
Los servicios afectados del SAME son cuatro. Tal como lo había adelantado
Diario Z en su edición del jueves 5 de diciembre de 2013, el Programa
Asistencial Domiciliario Urbano (PADADU) Clínico, que funcionaba hace diez
años, desapareció. En este programa trabajaban unos 35 médicos que atendían 10
mil “auxilios anuales”. El PADADU Clínico se encargaba del “código verde”, es
decir, de aquellos pacientes que llamaban al SAME por algún inconveniente
menor. Entonces, en vez de movilizar la ambulancia, el médico se acercaba hasta
el hogar.
El PADADU Pediátrico también sufrió un fuerte
recorte: de 60 profesionales pasó a 30. Este programa funcionaba desde el año
2000 y cubría unas 14 mil consultas anuales. En tanto, el programa de Gestión,
Organización y Regulación de Internaciones Pediátricas (Gorip) y el servicio de
atención telefónica perinatal “están en serio riesgo de no seguir funcionando”,
señaló Schargrodsky. El SAME también dejó de enviar a dos pediatras del equipo
del Buenos Aires Presente (BAP), una unidad del Ministerio de Desarrollo Social
que atiende a personas en situación de calle.
El ajuste afectó al eslabón más débil de la
atención primaria. Con los históricos retrasos en la incorporación de
profesionales, la demanda de atención fue cubierta por trabajadores
precarizados de las guardias y los centros de salud primarios. ¿Cómo impactó
esto? La falta de información es una constante: las direcciones de 13
hospitales –salvo la del Neuropsiquiátrico Moyano– se negaron a responder el
pedido de informes de la
Defensoría General , que exigía una respuesta sobre cómo y
dónde se aplicaron los recortes.
Por ejemplo, en el hospital Tornú, el tope de
horas de suplencias se redujo un 35% y sólo pueden autorizar 520 horas
mensuales. El área más afectada, indicaron desde este hospital ubicado Villa
Ortúzar donde se atienden 328 mil personas por año, es la guardia. “Los puestos
de titulares son pocos y la mayoría de los médicos figuran como suplentes”,
dijo Guillermo Rossi, delegado del Tornú. “Hay muchas presiones para que se
cumpla el tope a rajatabla”, agregó.
La situación se repite en cada uno de los
hospitales donde se establecieron topes de suplencias muy por debajo de la
demanda de atención. Esto, claro, se ve reflejado en la pérdida de calidad
sanitaria y en una sobrecarga para aquellos trabajadores que ahora deben
absorber el doble de trabajo.
DZ/rg
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