lunes, 28 de febrero de 2011

Pedraza preso: una victoria popular


Por una nueva dirección sindical

La detención de José Pedraza es una incuestionable victoria popular, un triunfo de la inmensa movilización por el juicio y el castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.
Una movilización que se manifestó en las declaraciones de numerosos testigos y en la reunión de una abrumadora cantidad de pruebas.
Nada pudieron contra esto los 'lock outs' y provocaciones de sus secuaces en los ferrocarriles, ni la campaña macartista del oficialismo contra el Partido Obrero, ni el intento de criminalizar la lucha de los tercerizados
Ante el fracaso de estas tentativas, la laya de cómplices de los Pedraza en el poder político y en la burocracia sindical, se quedó sin recursos - ahora se encuentran haciendo el inventario daños y procurando evitar que los trabajadores recuperen la Unión Ferroviaria.

El crimen de la burocracia de la UF fue un crimen contra la clase obrera, un crimen para defender la modalidad por excelencia de la superexplotación capitalista: la tercerización, el trabajo en negro, la flexibilidad laboral.

Pedraza debe quedar ahora en prisión preventiva, hasta el juicio oral, junto a su patota.
Convocamos a todo el pueblo a enfrentar las presiones económicas y políticas que van a desplegarse por su excarcelación.

Del mismo modo, seguiremos movilizados para llevar al banquillo a los cómplices empresariales del crimen, a los funcionarios del estado que avalaron a la patota, y a la policía federal que "liberó" la zona para que los asesinos pudieran avanzar.
Las tareas planteadas

Pedraza está preso. Pero la gestión de los ferrocarriles sigue en manos de Pedraza y de sus socios: los privatizadores -la UGOFE-, la secretaría de transporte y los órganos de supuesto "control" ferroviario, presididos por agentes de Pedraza.
Ese triángulo corrupto administra en su provecho subsidios millonarios, mientras somete a miles de trabajadores a la precarización; y al sistema ferroviario al más completo abandono. Ahora, esta asociación ilícita alimenta con recursos económicos todas las tentativas de impunidad: el dinero que Pedraza había "reservado" para sobornar jueces… ¡provenía del Belgrano Cargas, el ferrocarril que él y Moyano co-gerencian junto al grupo Roggio y otros capitalistas!
Es urgente y necesario expulsar a la burocracia sindical, a los privatizadores y a sus funcionarios de la gestión del ferrocarril. Y renacionalizar integralmente el sistema ferroviario, colocando su gestión en manos de trabajadores y técnicos electos.
Pero a todos los trabajadores, ferroviarios o no, la detención de Pedraza nos deja otra gran conclusión y otra gran tarea. Una dirección sindical que asesina o patotea trabajadores; que falsifica medicamentos en complicidad con capitalistas y punteros oficiales; una burocracia que ha destruido el régimen de la asamblea, la deliberación y la lucha en los sindicatos, para reemplazarlo por la patota; una dirección que ha llegado a este punto está definitivamente agotada.
Sólo permanece por el salvavidas de los capitalistas y de sus gobiernos, que toleran estas fechorías a cambio de la colaboración de los burócratas en la liquidación del salario y la destrucción de las conquistas obreras. Ello explica porqué el gobierno kirchnerista no condenó una sola vez a Pedraza y su patota por el crimen de Mariano. Y porqué que sus opositores capitalistas evitaron sumarse a la causa por el juicio y castigo a sus asesinos.
El derrumbe de esta burocracia refuerza el propósito de recuperar los sindicatos, para una política independiente de los capitalistas y de compromiso con las reivindicaciones obreras, en primerísimo lugar en la Unión Ferroviaria.
Ni en la UF ni en el resto de los sindicatos comenzamos de cero: un vasto movimiento de luchadores obreros lleva adelante, desde hace muchos años, una batalla tenaz contra la burocracia sindical. La detención de Pedraza es un impulso fenomenal para avanzar.
La tarea de poner en pie una nueva dirección en los sindicatos es también una lucha contra los sostenedores políticos y estatales de los Pedraza. O sea, a una lucha por la independencia política de la clase obrera.
Por esa perspectiva dejó la vida Mariano, y está comprometida toda la militancia del Partido Obrero.
Mantengámonos alertas y movilizados, por el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales; por la expulsión de la burocracia de los sindicatos, y de los privatizadores y los Pedraza de la gestión del ferrocarril. ¡Vamos por ello!
PARTIDO OBRERO
24/2/2011

jueves, 10 de febrero de 2011

¿Qué aumento salarial reclamamos?

Crecimiento y desigualdad
Los salarios de los médicos y profesionales de la Ciudad: ¿qué reclamamos?
Por Luis Trombetta

Los últimos aumentos salariales fueron acordados entre el gobierno nacional y la burocracia sindical, CGT y CTA, y fueron homologados en base a un tope máximo que en principio no superaría el 20%, y que luego fue quebrado entre otros sectores, por los obreros de la alimentación que exigieron aumentos salariales del 35%.
Asimismo los acuerdos establecieron que los incrementos fueran abonados en forma segmentada durante el 2010.
Los gremios que firmaron temprana y disciplinadamente con el tope acordado entre la burocracia y el gobierno nacional, obtuvieron los incrementos más bajos.
“La paritaria que firmó la AMM con Macri estaba lejos de los reclamos que se expresaban en las asambleas hospitalarias del Alvarez, Sardá, Tornú, y Gutiérrez, y de la movilización del 17/03 cuyo programa exigía $6000 para el ingreso a la carrera y 40% de aumento para todas las categorías, el 82% móvil para las jubilaciones, las designaciones pendientes y el llamado a concurso para cubrir las vacantes” (Tribuna de Salud http://www.tribunadesalud.com.ar/node/340)
En el comienzo del 2011, el escenario se repite.
Ya anteriormente señalamos que la dirigencia de la AMM opera cómo árbitro entre los reclamos y necesidades de los profesionales y la política salarial de Macri, sin la participación de los médicos y sin consultar las asambleas hospitalarias.
¿Dónde ubicar ahora el porcentaje de aumento del salario?
¿Qué índice tomar?

La economía (PBI) crece y los salarios bajan

En 2010 el crecimiento del PBI se ubica en torno al 7%, aunque las cifras oficiales se conocerán recién dentro de algunas semanas.
Esto significa que el volumen de bienes y servicios producidos en 2010 creció aproximadamente 7% respecto de 2009. Por otra parte, diversas fuentes de las más variadas extracciones políticas coinciden en que la inflación se ubica en el 25% anual. Por último, los incrementos salariales (al menos en el sector registrado, donde contamos con estadísticas más precisas) del 2010 exhiben un promedio que ronda entre el 15 y el 20%.
Este escenario pone de manifiesto un hecho ya clásico en la historia económica de nuestro país: los efectos socialmente regresivos de la inflación.
En todo proceso inflacionario, aquellos sectores con mayor poder de formación de precios se ven relativamente beneficiados a expensas de aquellos que no pueden ajustar fácilmente sus ingresos nominales.
Los trabajadores asalariados se encuentran entre los sectores con menor poder de negociación y es por este motivo que experimentan una notable pérdida en términos reales. Un breve ejercicio basta para ilustrar este punto: si los precios aumentan 25%, es necesario un aumento de idéntica magnitud en los salarios para que el poder adquisitivo de los asalariados se mantenga constante.
Pero en una economía que crece en términos reales, esto está lejos de ser lo más deseable, dado que si el PBI ("la torta", en la jerga) es mayor, es razonable suponer que los salarios deberían serlo también, al menos para no empeorar la distribución funcional del ingreso.
Entonces, para que la participación de los salarios en el producto se mantuviera constante en términos reales, los aumentos salariales deberían ser del orden del 32%. Nótese que esto no implica mejorar la distribución del ingreso sino solo mantenerla tal cual la vemos hoy.
Cualquier aumento por debajo de esa cifra implica una pérdida en términos reales para el conjunto de los trabajadores asalariados.
A la hora de discutir los aumentos de 2011, deberíamos preguntarnos si estos guarismos se mantendrán o si cambiarán. No hay indicios que señalen una desaceleración del PBI en el corto plazo (numerosos especialistas plantean exactamente lo contrario), aunque la inercia inflacionaria sí podría empeorar, imponiendo la necesidad de mayores aumentos.

El problema es más profundo

Un análisis más detenido del proceso inflacionario que vivimos en Argentina sugiere que el problema es aún más profundo.
En particular, sostenemos que la inflación en Argentina corresponde al tradicional caso de inflación de demanda keynesiana.
Una economía en que la demanda agregada crece sostenidamente (por razones tanto internas como externas) y donde la oferta es más bien rígida sufre presiones inflacionarias porque el mercado ajusta por precios y no por cantidades.
En Argentina, una de las razones por las que la oferta es rígida es el débil papel que cumple la inversión productiva en nuestro país.
Las estadísticas públicas son pobres en este respecto, pero un hecho salta a la vista: la inversión bruta interna fija (aquella que comprende tanto inversión productiva como reproductiva, esto es, reposición de capital amortizado) solo corresponde al 22% del PBI.
Un magro porcentaje de los bienes producidos se destinan a la inversión, el consumo es preponderante.
Las políticas de oferta son clave en una economía inflacionaria, ya que al expandir la oferta ocurre el fenómeno contrario al explicado anteriormente: el mercado comienza a ajustar por cantidades y no por precios. Por eso los regímenes de promoción industrial y la inversión en infraestructura (2 elementos severamente débiles de la estructura productiva argentina) son puntos clave que deben formar parte de una reforma fiscal que se considere progresiva.
El problema es que esto implica cuestionar el carácter de clase del Estado.
En otras palabras, si el gobierno desea verdaderamente proteger el bienestar nacional (sin que esto implique ninguna consideración política específica), debería llevar adelante una reforma fiscal en la que se eliminen los subsidios a los grandes capitales, cuya única finalidad es mantener tasas de rentabilidad singularmente elevadas, y se destine el abultado superávit fiscal a inversiones productivas destinadas a contener la inflación.

¿Y el salario?

Es en este sentido que el reclamo salarial cobra un contenido más profundo.
No se trata simplemente de una proclama reivindicatoria tradicional; más bien, el reclamo de aumento salarial debe pensarse en el marco de una profunda modificación de las relaciones económicas y sociales, que en el caso de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, significa la triplicación del presupuesto, y el otorgamiento de un salario mínimo de ingreso a la carrera para el cargo de 30 horas semanales, que no puede ser menor de $6000 de bolsillo.
Es necesario destacar que el proceso de discusión paritaria debería ser discutido y aprobado por las asambleas hospitalarias, que fijarían mandatos y representantes revocables por las mismas asambleas.
Sin duda, este proceso democrático apuntaría directamente al centro de la política reaccionaria del gobierno y barrería en un instante a la burocracia sindical.
El verdadero punto central de toda discusión salarial y de las reivindicaciones de los trabajadores, pasa por cuál es el carácter del Estado que está dispuesto a llevar adelante dichas reformas.
Es aquí donde encontramos las limitaciones que imponen la patronal (estado-gobierno porteño) y la complicidad de las dirigencias sindicales adictas, que se preservan con la adaptación a la política patronal.
Es por esta razón que la lucha salarial cuestiona el carácter del estado y al mismo tiempo demuestra que la integración de la burocracia al aparato estatal expresa sus necesidades mutuas de subsistencia.

Por el aumento salarial, hay que luchar.

El 2011 plantea a los profesionales de la salud del Gobierno de la Ciudad, el desafío de luchar por nuestros salarios.
La clave es superar las barreras impuestas por la conducción de la AMM y enfrentar la política de Macri y Lemus con un programa preciso.
Por un salario de bolsillo de ingreso a la carrera, para el cargo de ejecución de 30 horas semanales, de $6000.-
Aumento salarial del 40% para todas las categorías.
82% para el haber jubilatorio.
Que el salario se ajuste por el índice inflacionario mensual.
Paritarias libres, con mandatos de asambleas y delegados paritarios elegidos por el voto de los profesionales, con mandato revocable.

Febrero de 2011

lunes, 7 de febrero de 2011

Fuera Mubarak. Inaceptable silencio del gobierno nacional.

Miércoles 9/2 a las 17 horas, concentramos en Cabildo y Virrey del Pino (Estación José Hernández de la línea “D” del subte) para marchar a la Embajada de Egipto

La FUBA y la CTA convocan movilización en apoyo a los trabajadores y el pueblo de Egipto

Declaramos nuestro apoyo al pueblo y los trabajadores de Egipto, que se han puesto de pie para enfrentar al régimen criminal de Mubarak. Durante 30 años, con el sostén insustituible del imperialismo yanqui e Israel, Mubarak montó un sistema de terror político y opresión a las masas. El Egipto que “construyó” Mubarak junto al imperialismo está signado por una enorme miseria social, con inflación, desocupación y millones de personas apenas sobreviviendo. Se trata de uno de los países "emergentes", donde la contracara del crecimiento del PBI son gigantescos padecimientos populares. Por todos estos motivos, los trabajadores y el pueblo han dicho “basta”, y protagonizan históricas huelgas y movilizaciones. Desde Argentina queremos brindar nuestro apoyo y solidaridad a los pueblos del norte africano y Medio Oriente que se levantan contra el imperialismo y los gobiernos cómplices, primero en Túnez, luego en Egipto, y también en Argelia, Jordania o Yemen.

Por estas horas se viven momentos decisivos en Egipto; la caída de Mubarak es una posibilidad a la orden del día. Sin embargo, queremos alertar respecto de la “transición” que Estados Unidos y otras potencias imperialistas están cocinando, pues intentan deshacerse de su desprestigiado aliado de los últimos 30 años, y colocar en su reemplazo al vicepresidente Sulaiman. Una “transición” conducida por este personaje, principal enlace con los servicios de inteligencia que masacran a los manifestantes, no puede satisfacer las necesidades de los trabajadores y el pueblo egipcio. Consideramos inaceptable el silencio del Gobierno nacional, mientras Mubarak reprime brutalmente a las masas movilizadas para sostener su dictadura.

Llamamos a sumarse a esta e impulsar todas las movilizaciones de apoyo al pueblo egipcio, por la satisfacción completa de las reivindicaciones de las masas.
Para adherir y sumarse a la convocatoria de esta marcha, se convoca una reunión en CTA Capital (Independencia al 700), el martes a las 19 horas


Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)
Central de Trabajadores Argentinos (CTA)

jueves, 3 de febrero de 2011

PARITARIAS 2011

PO 1164 3/2/2011 Sindicales
Se cayó el pacto social y crecen las huelgas
Por Nestor Pitrola
Para Prensa Obrera

El fracaso del pacto social impulsado por Cristina Kirchner tras la muerte de su esposo denota contradicciones explosivas. Después de la huelga general petrolera, lo hundieron los sucesivos aumentos de naftas y gasoil. Las patronales no aceptaron ningún compromiso de precios si no se tocan temas como subsidios, tarifas, créditos, exportación e importación. Además. la propia CGT incluyó temas como el mínimo no imponible de ganancias y la devolución de los miles de millones que el gobierno adeuda a las obras sociales.
Pero la crisis sigue viva. Carlos Sacco, el superexplotador gráfico de la Mesa Ejecutiva de la UIA, insiste: "Si no nos apuramos y prosperan los reclamos del 30%, los empresarios los van a trasladar a los precios", es decir que la proyectada inflación del 28/30% se podría incrementar todavía más. La extorsión no tiene otro propósito que forzar una intervención del Estado para fijar un tope salarial y cláusulas antihuelgas como las del fallido pacto petrolero.
La clase obrera
El paro salarial del premetro (subte), en el marco de votaciones masivas en las líneas a favor de parar (conjuradas momentáneamente por los dirigentes), constituye la punta de un ovillo. La gasífera Camussi paró todo enero y sigue de huelga en huelga. Dos plantas papeleras de Coronel Suárez fueron a un paro de 72 horas por aumento y otras reivindicaciones, concitando el apoyo de la CGT regional, dirigida por el combativo sindicato municipal. Empleados de Comercio discute pedir un 35%. Bancarios pateó para marzo, pero con mil pesos mensuales en el bolsillo y una bronca creciente.
La CGT San Lorenzo fue al paro general, siguiendo los pasos del poderoso gremio aceitero, que consiguió 5.000 de básico. Con esa misma bandera paran construcción, portuarios, marina mercante, seguridad, camioneros y administrativos; es decir que paran todos los tercerizados, lo que constituye una bomba para todo el movimiento obrero argentino. Porque es una CGT la que toma el reclamo de equiparación de los tercerizados, porque es la canasta familiar y porque unifica un movimiento a escala de todos los gremios locales -exceptuados por ahora los estatales, aunque no sabemos por cuánto tiempo.
Las tres plantas tanineras de Puerto Tirol y Escondido en Chaco, y una tercera en Formosa, están de huelga y piquete por un 36% de aumento al mínimo y una recategorización general que eleva considerablemente el reclamo. El movimiento, como en Suárez y en San Lorenzo, ha provocado en Chaco el apoyo de una Intersindical, integrada también por la carne y textiles, la que convoca, por ejemplo, a toda la población de Tirol a marchar con los obreros.
No fue casual que Tomada saliera a reivindicar el sindicalismo que "para y después negocia, vuelve a parar y vuelve a negociar, como en otros países, y no hace la locura de la huelga indeterminada". El ministro advierte la tendencia.
Siendo enero es mucho. Tengamos en cuenta que el frente más tormentoso para el gobierno puede ser el docente y estatal, puesto que con el 21% punta a punta -y aún menos que eso- fueron los grandes perdedores de 2010. En la renuncia a la participación del gobierno en una mesa de pacto social nacional no habría que descartar también la dificultad de un aumento único para privados y estatales, el cual sería poco para los privados pero mucho para los planes de "desendeudamiento" del gobierno, que acaba de reconocerle al Club de París la friolera de 9 mil millones de dólares.
De las experiencias descriptas, se advierte un programa y un camino que los propios trabajadores están marcando. Los 5 mil de básico, la equiparación y pase a planta de tercerizados y contratados, los mandatos de asamblea, la reunión y los plenarios de gremios y CGTs locales. En esta comprensión, resulta clave un planteo de plenarios de delegados de base del Estado, conjuntos, sin distinción de gremios, para constituir un frente de lucha docente-estatal que Yasky ha quebrado definitivamente, pero que desde abajo puede reconstruirse alrededor del salario. La crisis de la CTA disgrega la central, pero al mismo tiempo resta poder de contención a Yasky, ahora secretario de una fracción desvalorizada de gremios.

martes, 1 de febrero de 2011

¿Por qué el convenio que firmó la AMM es un paso atrás?

por Luis Trombetta
para Tribuna de Salud

La reciente firma del convenio de trabajo entre la Asociación de Médicos Municipales, la Federación de Profesionales y el Gobierno de la Ciudad, exige un análisis pormenorizado de su contenido.
El gobierno de Macri ha impulsado una reestructuración reaccionaria de las relaciones laborales para la salud pública en los hospitales.
La formación de una comisión permanente de interpretación y aplicación del convenio introduce un tribunal de arbitraje para los conflictos, que en el camino de disciplinar a los trabajadores, apunta a la anulación de las medidas de fuerza y a la anulación del derecho de huelga.
Macri también introdujo el concepto de retribución justa de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado, función efectivamente desempeñada y eficiencia en el desempeño, sinónimos de un sistema de premios y castigos por productividad, que condiciona el salario y establece el principio de disolución de los sindicatos.
Este es nuestro análisis del nuevo convenio suscripto entre el gobierno, la AMM y la Federación de Profesionales de la Ciudad.

En primer lugar la Ordenanza 41.455 (Carrera Profesional) fue modificada en el 2005 mediante la firma del Acta Paritaria Nº 18.
El Acta 18 introdujo la extensión de la jornada de trabajo.
En sintonía con la Ley del Empleo Público (Ley 471), dejó abierto el camino al régimen de calificaciones y desconoció el anterior régimen de promoción horizontal, eufemismo de la recategorización por antigüedad, que significaba una recomposición salarial automática, conforme transcurrían los plazos que establecía la Carrera Profesional.
El Gobierno de Macri desconoció el régimen de promoción por antigüedad y la AMM se adaptó a esta exigencia, postergando la recategorización, al tiempo que negoció la extensión horaria transformándola en capacitación profesional, con el argumento de que de ahí en más, el gobierno porteño solventaba la educación médica continua.
Esta maniobra fue presentada como un “aumento salarial encubierto”, que pretendía reemplazar el reclamado aumento de sueldo, por la capacitación por cuenta del ejecutivo porteño.
Si bien la Ley 471 establece el sistema de calificaciones, es con este nuevo convenio que se determina que la promoción horizontal (el antiguo re encasillamiento) queda sujeto a las evaluaciones bianuales.

En lo general, el convenio se encuadra en la 41455 y sus modificaciones, conforme al mecanismo de negociación establecido en el Título II de la Ley 471; es complementario de la 41.455 y tiene vigencia por 2 años.

Introduce el concepto de ultractividad, que significa que si el convenio no se renueva, permanece vigente.
La ultractividad es un principio que beneficia a los trabajadores cuando los acuerdos vencen y no se firman nuevos convenios colectivos, frente a los muchos intentos de las grandes fábricas que concentran un gran número de obreros, y que han pretendido firmar acuerdos por empresas, desconociendo el convenio colectivo y desarticulando la lucha de los trabajadores..
Desde este punto de vista no se modificaría la situación de los profesionales del gobierno de la ciudad, ya que el empleador es uno solo y el encuadramiento sindical es a través de la AMM y la Federación.
Sin embargo, la ultractividad no es extensiva al régimen de salarios, de manera que si el gobierno demora el acuerdo paritario (salarial), la ultractividad le permite mantener el mismo régimen de trabajo, a la espera de una futura renegociación.
En todo caso, el convenio paritario nunca fue firmado con el mandato de las bases y obedece a la negociación que mantiene la burocracia con el gobierno.
En reemplazo de la discusión del convenio y de las futuras negociaciones, a través de delegados paritarios elegidos en asambleas y con mandatos expresos para la negociación paritaria, incluyendo la cuestión salarial, el convenio acordó la formación de una comisión permanente de interpretación y aplicación (Art.8)
Este “organismo superior de interpretación” tiene entre sus funciones “Intervenir a petición de parte en la resolución de conflictos y controversias laborales que excedan lo individual”, participar, analizar y proponer las modificaciones y cuenta además con la atribución de nombrar sub comisiones asesoras técnicas.
Las resoluciones son vinculantes y de aplicación inmediatas si son adoptadas por unanimidad.
La letra del convenio es clara: la comisión se atribuye la potestad de discutir con el gobierno, lo que en primer término es un triunfo para el gobierno ya que le impone a los trabajadores un mecanismo burocrático, y articula con la burocracia la integración y el control del sindicato.
Esta es la prueba irrefutable de la integración de la AMM al gobierno de Macri.
Ya no aportando figuras a la estructura organizativa del Ministerio sino determinando que el terreno de las negociaciones paritarias (salarios y condiciones de trabajo) no serán las asambleas de los hospitales, sino las oficinas del gobierno.
La Comisión tiene igual número de integrantes en representación del sindicato y del gobierno. ¿Cómo hacer prevalecer entonces las condiciones que reclamen los profesionales?
También se crea una comisión mixta de interpretación y aplicación del convenio en lo referente a concursos (en igual número de integrantes), que impresiona será el reemplazo de la actual comisión de carrera.
El Art.11 se refiere a condiciones dignas y equitativas de labor y a una “retribución justa de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado… función efectivamente desempeñada y eficiencia en el desempeño”.
Aquí la dirigencia de la AMM ha dado un paso atrás muy importante. Ha admitido la introducción de la eficiencia en el desempeño.
¿Qué significa?
Que la eficiencia “(en economía) es relación entre los resultados obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) y los recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.) Es el uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización”.

Eficiencia, control de gestión, control presupuestario, gerenciamiento, productividad.
Esta es la orientación del gobierno de Macri y Lemus, que ya hemos denunciado cuando analizamos el “Control de Gestión”. (Tribuna de Salud Nº 18/agosto 2010) http://www.tribunadesalud.com.ar/files/pdf/ts18.pdf

Nuevamente el Art.12 (Obligaciones) introduce el concepto de prestación eficiente del servicio y el rendimiento de la gestión (conducción) y del personal a cargo, así como la realización de las evaluaciones de desempeño previstas en el convenio.
El régimen de remuneraciones es un articulado insulso.
Respecto a la cuestión de la “capacitación”, el Art.44 indica que el ministerio de salud procederá a la organización permanente y progresiva de la capacitación y educación continua en servicio y (Art.45) acordados entre los programas y los comités de docencia e investigación. El Art.46, que menciona la modalidad de la capacitación, no establece cuáles son los estándares que se deberán alcanzar.
Este vacío implica la orfandad de la cuestión, en tanto la aprobación de la capacitación queda al arbitrio de los evaluadores (Art.51 la evaluación será un concepto descriptivo y no calificativo).
Este escenario anticipa el conflicto: la aprobación de la capacitación, aún en términos de “si” o “no”, significará el pasaporte a la promoción horizontal. Léase aumento de categoría- salario. (Art.53 la evaluación habilita la promoción horizontal)
En otro orden, la designación de Directores y Subdirectores continúa siendo potestad del gobierno (Art.63).
La promoción horizontal será cada 4 años (Art.67), debiendo cumplirse con dos calificaciones bianuales positivas (Art.68).
En lo referente a las “Condiciones y medio ambiente de trabajo”, nada se dice de la cantidad de profesionales efectivamente necesarios en cada área, y sólo se señala que el empleador debe optimizar las condiciones de trabajo (Art.83).
Por último a través del Art.85 se crea un servicio de salud para los trabajadores en cada región sanitaria que establecerá entre otras, la vinculación técnica con la ART.
Al respecto, el régimen de las ART es el emblema de la política de flexibilización laboral instaurada por los partidos patronales y los empresarios, ideólogos consumados de la “teoría del derrame”, que como todos bien sufrimos y sabemos, sumergió a la clase trabajadora en el desempleo y la miseria.
Una negociación paritaria debería establecer definitivamente la responsabilidad del empleador por el ejercicio del empleo (profesión en nuestro caso) y una cuestión no menor, debería exigir que el gobierno (el empleador) se haga cargo del gasto del seguro de mala praxis.
Crear una comisión para revisar el desempeño de la ART es renunciar a la lucha contra la flexibilización laboral, llevando la confianza de los trabajadores, a las fauces de las empresas que lucran con este servicio.
Por otra parte, y en el caso de que el sindicato no pudiera renunciar a la imposición de la ART, debería exigir que la misma estuviera puesta bajo control de los trabajadores (profesionales en este caso) y no sólo revisar su desempeño (Art.86).
El convenio expresa la iniciativa del gobierno en el cumplimiento de la Ley 471 y la integración de la AMM, ya señalada anteriormente.
Es oportuno señalar que la lucha contra la flexibilización laboral y el atraso salarial debe orientarse al gobierno de la Ciudad y a la pléyade de pseudo progresistas que no han movido un pelo en contra de la Ley del Empleo Público!
En el camino de la lucha contra la patronal gubernamental y su consorcio de políticos afines, superaremos los límites que impone la burocracia sindical.

Reflexión final
La crisis sanitaria de la Ciudad expresada en el deterioro edilicio de los hospitales y centros de salud, la insuficiente cantidad de profesionales, personal de enfermería, técnicos y administrativos, la falta de insumos y tecnología diagnóstica y el profundo atraso salarial de los trabajadores de la salud, es responsabilidad del gobierno de Macri y Lemus y de la cohorte de pseudo progresistas que han dejado pasar la ley del Empleo Público (Ley 471) y el vaciamiento hospitalario (Plan Master en los hospitales Muñiz, Udaondo y Ferrer, el Hospital Rivadavia, el Hospital Lagleyze, los Hospitales Borda, Moyano y Tobar García).

Es imperativo que el presupuesto destinado a la salud porteña se triplique y que de inmediato se ponga en marcha un plan de obra pública dirigido al rescate del abandono de los hospitales y centros de salud de la Ciudad.

Se debe terminar con la política de disciplina salarial, flexibilización y gestión empresaria, que se propone imponer el gobierno.

Todo el plan macrista suscripto en el nuevo convenio tiene por objeto liquidar los derechos laborales de los trabajadores, y desterrar definitivamente el reclamo de una discusión paritaria a través de delgados de base (revocables) con mandato de asambleas.
El fin último de esta política es suspender el derecho de huelga.

Los profesionales de la salud del gobierno de la Ciudad debemos organizarnos contra la política reaccionaria que en materia laboral y salarial que impulsan Macri y Lemus, y que la burocracia sindical ha convalidado con la firma del nuevo convenio.
En este escenario, la tarea principal es discutir en todos los lugares de trabajo el contenido del nuevo convenio y organizar a los profesionales y médicos detrás de un programa de lucha.

Por un salario inicial de bolsillo por 30 horas semanales (cargo de ejecución) de $6000.-
Por el 82% móvil para la jubilación.
Concursos y nombramientos para todos los cargos vacantes en hospitales y centros de salud de la Ciudad.
No al nuevo convenio; no a las evaluaciones que atentan contra la estabilidad laboral y que condicionan el aumento salarial (recategorización horizontal).
Por la derogación de la Ley del Empleo Público (Ley 471)
Paritarias libres con delegados elegidos en asambleas, con mandato de las bases y revocabilidad decidida por las asambleas.
Por la triplicación del presupuesto de salud porteño.

Tribuna de Salud
Febrero de 2011