domingo, 13 de diciembre de 2009

Rechazamos la Asamblea Universitaria por ilegal, ilegítima y antidemocrática

AGD UBA: Convocatoria y Declaración

Lunes 8 horas de la mañana en Callao y Bme. Mitre

Colegas: Convocamos a todas/os. Concentramos el lunes para manifestar nuestro rechazo y exigencia de anulación de la ilegal, ilegitima y antidemocrática convocatoria a la "Asamblea Universitaria" por el rectorado para ese día.

Se manifestarán también la Fuba , los Centros de Estudiantes y otros sectores de la Universidad en ese sentido.

El viernes, entre gallos y media noche, en un nuevo acto arbitrario, el rectorado reafirmo la convocatoria cuestionada, cambiando su sede: se pretenderá realizarla en el Congreso Nacional, en un burdo intento de transmitir una legalidad de la que carece. Y porque "facilita la acción policial". Se "manifestarán" en apoyo a esta arbitrariedad quienes golpearon a los estudiantes, en el 2006, los moyanistas y las antiguas huestes de la Franja (hoy "todas entremezcladas" con los macristas y sus espías.)

Hagamos oír nuestra voz.

Adjuntamos documento de la Mesa de AGD UBA al pié.




REFUNDAR O PERECER

Han pasado cuatro años de la asunción de Rubén Hallú como rector de la Universidad de Buenos Aires y a horas de producirse una nueva Asamblea Universitaria para la renovación de autoridades es necesario evaluar esta etapa y su gestión, vislumbrando las perspectivas a futuro.

La crisis que desde hace tiempo golpea a la UBA se manifestó ampliamente en el 2006 a partir del conflicto institucional que implicó la candidatura a rector del abogado Atilio Alterini, fundamentalmente debido a su implicación en funciones durante la última dictadura militar.

Los más extendidos y significativos repudios a su figura condujeron a su renuncia, pero el conflicto permaneció durante un año en el tapete con el lamentable desenlace de una Asamblea Universitaria, literalmente cerrada y a espaldas de cualquier debate que abriera un curso de imprescindibles cambios. Tal vergonzosa e ilegítima sesión requirió del vallado del Congreso Nacional (donde sesionará nuevamente porque no pueden hacerlo en la propia universidad), de la represión y las detenciones policiales a estudiantes para designar al actual rector.

Los episodios develaron que una crisis más profunda padecía nuestra universidad desde hace décadas: el carácter antidemocrático y reaccionario de toda la estructura que denigra el concepto de co-gobierno planteado por la Reforma del ’18: En el Gobierno de la UBA domina una mayoría absoluta que representa a menos del 1% de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes, no docentes) y a menos del 8% de sus docentes. ¡Y todo ello nada menos que en nombre de la excelencia, ya que tras la Revolución Francesa es más difícil apelar a la herencia de sangre!

Ante tales circunstancias, los reclamos de la comunidad académica y vastos sectores sociales, la gestión de Hallú asumió el compromiso de convocar a una asamblea universitaria que debatiera democráticamente la reforma del estatuto.

Y efectivamente la convocatoria se realizó en octubre de 2008, aunque con apenas nueve días de anticipación, la sorpresa de un proyecto “oficial” remitido a los consejeros con menos anticipación aún y el despliegue de un enorme dispositivo de seguridad policial (incluyendo el vallado completo del Colegio Nacional Buenos Aires, oficiales en toda su periferia e interior, más patrulleros y carros hidrantes) que marcaron la impronta de este intento de reforma cuya forma y metodología se condijo con su contenido.

En dicha asamblea se expresaron dos proyectos, dos modos diametralmente opuestos de concebir a la Universidad y su futuro. El proyecto oficial que, aggiornando la retórica, completaba la inconclusa reforma que supone la implementación del modelo mercantil inscripto en la menemista Ley de Educación Superior y el proyecto presentado por la AGD-UBA, entre otras propuestas, que convertía en derechos de los docentes y toda la comunidad académica los valores democráticos. Un aspecto troncal del proyecto del gremio consistió en hacer posible la mínima base que requiere una institucionalidad democrática: dotar a todos los docentes de la UBA de “ciudadanía política”, esto es, el derecho elemental a participar, a tener representación en el cogobierno, a elegir y ser elegido. Y el de ampliar la representación estudiantil (el “demos universitarios” para los hombres y mujeres del ’18), otorgar derechos a los docentes del CBC y de los Colegios Pre Universitarios al personal llamado “no docente”. Esto no sólo no fue contemplado en el proyecto oficial, sino que ni siquiera se ha puesto en discusión el hecho de que casi el 90% de los docentes esté excluido de parte de la sobrerrepresentada y progresivamente reducida casta de profesores regulares sobre la que reposa el actual cogobierno.

Mientras tanto, se ha pasado a un “cuarto intermedio” postergando así el tratamiento del Título del Estatuto que hace al cogobierno y convalidado el relegamiento de la representación de la amplia mayoría de los docentes.

Ahora, el Consejo Superior de la UBA resolvió el adelantar la Asamblea Universitaria que, de acuerdo a la normativa vigente, debía realizarse en abril del año próximo. Así, una vez más, el rectorado ha decidido desestimar la participación de la comunidad académica que además, se encontrará mayoritariamente entrando en el receso estival. A pesar de las diversas declaraciones que hiciera el Rector en cuanto a la voluntad de abrir los debates necesarios para la democratización de la institución, no sólo no ha convocado a ninguno en el transcurso de su gestión, sino que termina convocando una asamblea de apuro y al solo efecto de elegir nuevo rector, escindiendo la elección de autoridades del debate político sobre el proyecto de universidad.

Pero este adelantamiento no ha sido la única maniobra del rectorado para intentar perpetuar una gestión que claramente ha hecho agua por todos lados y ha profundizado las tendencias a la mercantilización de nuestra universidad pública. También se ha “destacado” por la aceptación de los fondos de la contaminante Minera La Alumbrera en cuya sesión de tratamiento llegaron a negarle la palabra al premio Nobel de la Paz Rodolfo Pérez Esquivel, por la suscripción de cinco mil convenios comerciales entre la universidad y las empresas (dejando al desnudo la asfixia presupuestaria en materia educativa y científico-tecnológica), y por la aceptación de la invitación del Gobierno Nacional para integrar el consejo académico para reformular al Indec sin una clara posición en defensa de la transparencia en las estadísticas públicas y la reincorporación de los profesionales, provenientes además de nuestras casas de estudios y fueran desplazados por patotas.

A su vez, bajo la presión del actual rector se han adelantado las elecciones de autoridades de las facultades provocando graves irregularidades y conflictos que sin duda comprometen su legitimidad e institucionalidad (como se evidenció en las sesiones de Filosofía y Letras e Ingeniería).

Este estado de excepción permanente, la negación del derecho a peticionar, la militarización de las reuniones de los órganos de gobierno son las formas de gobernar que se han adoptado frente a la degradación nuestra universidad.

Por lo antedicho, exigimos que se anule esta convocatoria de Asamblea Universitaria y se convoque en los plazos en que estaba prevista, fijando de antemano la agenda de debates que la comunidad académica reclama en sus anhelos de democratización y refundación de una universidad crítica y comprometida con las necesidades científicas e intelectuales de nuestro país y de nuestro pueblo.

Y convocamos a todos los docentes e investigadores consustanciados con los derechos democráticos y con la necesidad de refundar nuestra Universidad sobre los principios señalados a deliberar, pronunciarse y actuar en consecuencia.

AGD UBA estará presente.

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