sábado, 7 de diciembre de 2013

El ajuste en la salud porteña.

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Recortes en hospitales y emergencias

El gobierno redujo las suplencias de guardia. Esto significa que se cierran o debilitan programas del SAME y servicios hospitalarios. Afecta desde el programa Pediatra en Casa hasta la salud mental, diálisis o endoscopías.

Por Franco Spinetta


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Através de un decreto, cuatro días después de las elecciones le­gislativas, el Ministerio de Salud ordenó reducir las deno­minadas “suplencias de guardia”. La medida impacta directamente en la atención sanitaria porque las suplencias, en verdad, cubren des­de hace años el déficit crónico de nombramientos de trabajadores de la salud titulares en los servicios. Se­gún datos que manejan las asocia­ciones de profesionales y sindica­les (agrupadas en la Coordinadora Gremial por la Salud Pública -Co­gresap-), hay unos 2.200 cargos concursados que por motivos pre­supuestarios no son ocupados.
El recorte implica una reducción de entre un 30 y 40 por ciento de las suplencias de guardia. Afecta a unos 1.500 trabajadores y golpea donde más duele: la atención pri­maria de una parte de la población (17,6 por ciento) que sólo cuenta con cobertura estatal. Apesar de que la Encuesta Permanente de Ho­gares indica que cada vez más por­teños se atienden en el sistema pri­vado, el número de consultas en hospitales públicos crece desde el comienzo de la década pasada. En 2012 –últimos datos disponibles-recibieron 9,3 millones de consul­tas, muchas atendidas por profe­sionales precarizados que realizan suplencias en guardias estresantes, sin vacaciones ni estabilidad laboral y sin aumentos de sueldos en los úl­timos tres años.
El decreto 1657, del 31 de oc­tubre, está firmado sólo por la mi­nistra de Salud, Graciela Reybaud. Allí ordena limitar las suplencias de guardia que realizan los profesiona­les en todas las áreas. Según el tex­to, la decisión se fundamenta en la “necesidad de ordenar el siste­ma de suplencias profesionales, así como el proceso de liquidación”.
El sistema de salud porteño atraviesa un problema endémico: la falta de personal. “En la actua­lidad hay más de 2 mil cargos con­cursados, con su titular nombrado, pero que al momento de asumir le comunican que está desfinanciado, es decir, que no tiene presupues­to”, explica Jorge Pachamé, médico de la Maternidad Sardá y referen­te de la oposición en la Asociación de Médicos Municipales (AMM). La falta de nombramientos provocó que los “huecos” se fueran llenan­do con suplencias: hay servicios en­teros que funcionan con suplentes. Sin embargo, el gobierno cercena las suplencias cuando aún no nor­malizó los nombramientos.
Si los cargos fuesen cubier­tos por sus titulares, indica Pacha­mé, el decreto del Ejecutivo tendría sentido. “En ese caso las suplencias desaparecen o se reducen a lo mí­nimo e indispensable para cubrir li­cencias, enfermedad o vacaciones. Esto sería normal en una estructura que funcione normalmente”.
El impacto real
En términos concretos, la medida implica la reducción de ciertos programas o directamen­te el cierre. Los más afectados son los de áreas de emergencia, aun­que también lo sufrirán los con­sultorios externos y numerosos servicios y programas que funcio­nan con un mix de profesionales titulares y suplentes.
El SAME es el que sentirá más el tijeretazo. Como no tiene estruc­tura propia prácticamente todo el plantel –salvo los coordinadores-son médicos nombrados en hospi­tales que suben a las ambulancias en calidad de suplencias de guardia. A partir de la reducción impulsada por el Ministerio de Salud, el Pro­grama Asistencial Domiciliario Ur­bano (PADU) – Clínico, que funcio­naba hace diez años, desapareció. En este programa trabajaban unos 35 médicos que atendían 10 mil “auxilios anuales”. El PADU Clínico se encargaba del llamado “código verde”, es decir, de aquellos pacien­tes que llamaban al SAME por al­gún inconveniente menor, como un dolor de garganta o fiebre. Enton­ces, en vez de movilizar la ambu­lancia, el médico, por su cuenta, se acercaba hasta el hogar. Un profe­sional que quedó cesanteado expli­có a Diario Z que “ahora esos auxi­lios quedarán sin atención porque, aún con la mejor voluntad, no hay capacidad para cubrir la demanda si nos dejan afuera”.
Otro caso es el programa Pedia­tras en Casa, que quedó reducido a la mitad. Funcionaba desde el año 2000 y atiende (atendía) unas 14 mil consultas anuales. De 60 pro­fesionales, quedaron 30. Los pedia­tras hicieron paro y reclaman, ade­más, por una reducción encubierta del salario: como las guardias se pa­gan por módulos, al reducir a la mi­tad la cantidad de suplencias, esto significa menos plata en el bolsillo para el trabajador. “El programa se creó como una forma de aliviar el servicio de emergencia”, dice Nadia Tirotta, integrante de Pediatras en Casa. “Con esta reducción es im­posible llevar a cabo el mismo nivel de servicio”, agrega.
Pachamé advierte que el ajuste se va a sentir mucho en las guar­dias de los 13 hospitales de agudos, adonde llegan los casos más urgen­tes y se viven las situaciones más dramáticas.
La realidad todavía es difícil de cuantificar ya que, según el decre­to, cada director de cada hospital debe recortar por donde crea más conveniente. Con la reducción del 30 por ciento de las suplencias, en algunas guardias –como la del Pen­na, que recibe 400 mil consultas al año- hay días que en vez de 10 mé­dicos, hay 8, y otros días 5. Tam­bién está afectando la atención en consultorios externos: en la Mater­nidad Sardá, sólo tres de seis están funcionando a pleno.
El Hospital Álvarez es uno de los más damnificados. Osvaldo Saleh, médico del Servicio de Cardiolo­gía, dice que desde el 5 de noviem­bre “nos impusieron una reducción de 600 horas de guardia y muchos servicios fueron afectados de dife­rente manera. Unos 50 profesiona­les perdieron el trabajo y a otros 50 se les reducen las horas”, explica. El impacto en la atención es contun­dente: “En el hospital –sigue Saleh-ya no podemos hacer más endos­copías de urgencia, ni diálisis y de 14 estudios de cámara gamma que hacíamos por día pasamos a 6”. El ajuste también alcanzó a diversos programas de salud mental (cuyos talleres son cubiertos con suplen­cias), medicina familiar, cardiología e infectología, genética prenatal y la atención en consultorios exter­nos de adultos e infanto-juvenil.
Hace 22 meses, la guardia del Álvarez sufrió un incendio que la dejó inutilizada. Desde entonces, el número de consultas fue bajan­do debido a las pésimas condicio­nes: los pacientes son atendidos en contenedores y pasillos. Entre 2011 y 2012, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos, el número de urgencias se redujo en más de 20 mil.
En el Hospital Moyano, que atiende a mujeres con problemas psiquiátricos, el recorte implica pa­sar de 500 horas de guardia al mes a 250, según explica Gabriela Mar­tínez, médica psiquiatra del servicio de admisión. “Acá tenemos 900 pacientes internadas, 6 mil consul­tas ambulatorias mensuales. Pero sólo contamos con 24 psicólogos de planta, 20 psicólogos sociales, 80 psiquiatras”, detalla Martínez. Las suplencias de guardia comple­taban el servicio con 28 psicólogos más y 20 psiquiatras, que cumplían tareas asistenciales. “Estos profe­sionales no tenían cargos de planta, estaban contratados en forma pre­carizada y trabajaban sólo con las guardias. Es decir, con el recorte no irían más al hospital”, añade.
Con esta medida, se cae una parte importante de la atención. Martínez: “Hay servicios que se sostenían con suplencias, como el servicio Santa Rosa, en donde se hacen tratamientos prologando a unas 70 pacientes. Ese programa tiene una jefa a cargo que ganó el concurso pero no la nombran y no cobra. No sabemos qué va a pasar”. Tampoco hay certezas de qué suce­derá con el hospital de día –que re­emplaza con un tratamiento ambu­latorio a las internaciones- ya que de 11 profesionales, quedarían sólo dos psicólogos de planta.
Cada hospital vive una situa­ción difícil. “Estamos en un contex­to complicado”, advierte Susana Toporosi, psicóloga y coordinado­ra de Salud Mental del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. “En el servicio de Neurología hace mu­chos años que están solicitando dos nombramientos. El servicio de Quemados, el único que atiende a niños quemados, hicieron propa­ganda de que estaba hecho a nue­vo, pero nunca nombraron a nadie y tiene un jefe que se está por ju­bilar. En Cardiocirugía faltan nom­bramientos y los residentes cubren los baches. Y hace dos meses ce­rraron la Terapia Intermedia por falta de recursos humanos”, enu­mera, casi de memoria.
Hacer el vacío
Para la Cogresap, está claro que el objetivo del gobierno porteño es el “vaciamiento” y no dudan de til­dar el 2013 como un “año sombrío para la salud pública”. El conflicto comenzó a mediados de este año con la reducción de entre 1.500 y 2.000 pesos el salario de unos 16 mil profesionales, originada en un error de liquidación. Luego conti­nuó con la promesa incumplida de regularizar los nombramientos y con el retraso del pago -de hasta 5 meses- a los residentes. Y por últi­mo, el decreto 1657 (de límite a las suplencias de guardia) que califican como el “zarpazo final”.
Esta realidad convive con otros problemas estructurales, como el déficit en enfermería, que se cal­cula de entre 5 y 7 mil enferme­ros. Según un informe de la Au­ditoría General de la Ciudad, la proporción ideal sería de tres en­fermeros cada un médico. En los hospitales porteños, apenas se empatan: uno y uno.
Mientras tanto, el presupuesto no para de caer: en 2005 el monto destinado a Salud representaba un 23,4% del presupuesto total de la Ciudad; este año es del 20,4%, y en 2014 seguirá bajando a 19,6%.
Sin embargo, si uno se dejara guiar por los spots gubernamenta­les, los hospitales públicos son una especie de paraíso donde se en­cuentran salas de guardia que “no se ven en los establecimientos pri­vados”, según Mauricio Macri.
Detrás del discurso, hay servi­cios que cierran por falta de per­sonal (como la Terapia Interme­dia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez) e inauguraciones para-la-foto, como el caso denunciado por Diario Z en el Hospital Alvear, donde la guardia quedó impeca­blemente bajo llave.

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