Día 24: El día que secuestraron a Severo
4 de octubre
La jornada de hoy estuvo marcada por el secuestro de Alfonso Severo. Esta misma semana, otro testigo, José Andino –militante del MTR-, fue interceptado por dos sujetos en las cercanías de su domicilio, en Florencio Varela, que lo amenazaron para que cambiara su declaración. Andino declaró hoy, junto a otro militante de su agrupación. Ambos hicieron un crudo relato de los hechos del 20 de octubre de 2010, aportaron la descripción de diferentes tiradores y destacaron el rol jugado por Pablo Díaz –jefe del cuerpo de delegados del Roca- y la policía. Un obrero y activista ferroviario, Leonardo Franzín, describió cómo fueron reclutados los empleados del taller ferroviario de Remedios de Escalada para engrosar la patota y la organización gremial del ferrocarril. La audiencia terminó con la declaración de otro empleado del taller, cuyo testimonio fue ´preparado´ por Juan Carlos Fernández y sus abogados para desvincular a Pablo Díaz. Díaz fue el ´jefe operativo´ de la patota en el lugar de los hechos, bajo el comando telefónico de Fernández y Pedraza.
Antes de los testimonios, el tribunal dio a conocer su rechazo a la recusación planteada por las defensas contra el designado fiscal “ad hoc”, Mariano Domínguez.
Alfonso Severo
A las cuatro y media de la madrugada, nos llegó por intermedio de un periodista la primera noticia de que Enrique Alfonso Severo, ex gerente de Ferrobaires y testigo de la causa que investiga el homicidio de Mariano Ferreyra, había desaparecido sin dejar rastro.
Según su hijo, cerca de las once de la noche Severo se dirigía a la casa de su nieto, a pocas cuadras de su domicilio. Nunca llegó. Su teléfono celular estaba apagado. Según sus familiares, en los días previos, Severo había recibido varios llamados intimidantes. También había tenido un extraño episodio, cuando un automóvil Bora intentó cerrarle el paso en las calles de Avellaneda y logró esquivarlo.
La noticia de la desaparición de Severo comenzó a circular por los medios cuando amanecía. Al inicio de la audiencia, poco después de las 10 de la mañana, nuestra querella solicitó al tribunal que informara sobre la presencia de los testigos. Severo no se encontraba entre ellos, pero había sido convocado a declarar recién a las 12 del mediodía. Debíamos esperar. El tribunal no había recibido ninguna información oficial y solamente contaba con la que habían aportado los medios. Fueron 24 horas de angustia, de denuncia y de movilización que –aunque culminarían felizmente- dejan mucha tela para cortar sobre la persistente actividad de la patota pedracista, sobre la policía y sobre la actitud del gobierno.
El testimonio de Severo es extremadamente valioso para caracterizar la organización mafiosa encaramada en el ferrocarril y el papel que en ella juegan Pedraza, los funcionarios del área de transporte y los empresarios. Severo lo conoce desde adentro. Él mismo fue víctima de las patotas ferroviarias: en 2009, fue desalojado de su oficina a punta de pistola. Se presentó en la fiscalía al día siguiente del crimen de Mariano. Esa misma madrugada, su casa había sido baleada por desconocidos.
Según declaró Severo en la etapa de instrucción, el 19 de octubre de 2010 Humberto Martínez –delegado de la Unión Ferroviaria y secretario general de la seccional Buenos Aires Sud de la UF- reunió a todo el personal de Ferrobaires en las oficinas del sindicato ubicadas en Constitución para convocarlo a “impedir que los tercerizados cortaran las vías” al día siguiente. “Les dijo que el que no fuera, que se ´olvidara de todo´”. En esa primera declaración, Severo explicó que “de no presentarse, los empleados son sometidos a quitas en su ámbito laboral”. Dijo que se enteró de esa macabra ´asamblea´ por intermedio de un trabajador que no concurrió a las vías el día 20 y fue despedido inmediatamente. Severo aseguró que, tanto en Constitución como en el Museo Ferroviario de Avellaneda, se encuentran los depósitos de armas de la patota de Ferrobaires. También, que los matones utilizan un sector de encomiendas y los coches comedor para practicar tiro.
Ferrobaires –que cubre apenas dos servicios semanales a Mar del Plata- es, antes que un servicio de trasporte público, un nido de delincuentes. De sus 1200 empleados, solamente una cuarta parte realiza tareas ferroviarias. El resto del plantel lo constituye un verdadero ejército mafioso -reclutado entre barrabravas y punteros- que se dedica todo tipo de actividades delictivas, desde la explotación de la venta ambulante en el ferrocarril hasta el lavado de dinero, pasando por la venta de artículos robados y los negocios inmobiliarios. La fuerza de choque reclutada por Humberto Martínez está encabezada por Norberto Saldaña, “Chuly” Carruega y Daniel Hess. Estos tres matones a sueldo todavía permanecen en actividad en la empresa, actualmente intervenida por el gobierno de Daniel Scioli. En la declaración que estamos citando, Severo aseguró que “la escala jerárquica que maneja la Unión Ferroviaria se divide en Ferrobaires y Ugofe, las cuales trabajan unidas”. En ambos casos, son manejadas “en primer lugar”, por José Pedraza y Juan Carlos Fernández, seguidos por Humberto Martínez, Pablo Díaz y otros dos delegados de apellidos Maldonado y Aguirre. También declaró que Ugofe era “manejada de hecho” por el entonces subsecretario de transporte ferroviario, Antonio Luna.
Estos son los conceptos que Severo venía a ampliar frente al tribunal. Su secuestro no puede ser interpretado de otro modo sino como un mensaje mafioso de la patota pedracista.
Su desaparición ocupó la primera plana de los medios de comunicación durante todo el día. Cerca de las dos de la tarde, su auto fue hallado a apenas siete cuadras de su domicilio, en un lugar donde fue estacionado varias horas después de su secuestro. No faltaba nada en su interior y se encontraron varios de sus efectos personales. Las pericias hallaron algunas huellas dactilares que están siendo analizadas. Hacia las cinco de la tarde, una multitud convocada por el Partido Obrero y otras fuerzas políticas y organismos de derechos humanos se reunía en Plaza de Mayo reclamando por su aparición. Severo reaparecería cerca de las once de la noche, maniatado, descalzo y en estado de shock, en la zona de Avellaneda. No lo encontró la policía sino un trabajador del Diario Popular en la puerta de su domicilio. Según esta persona, que lo contuvo y asistió, debió llamar reiteradas veces al 911 para que lo recogieran. Los familiares de Severo llegaron antes que la policía.
El gobierno nacional se refirió a la desaparición de Severo exclusivamente a través del ministro de Justicia, Julio Alak.
Alak descargó responsabilidades sobre la víctima, ya que para lo que abrió la boca fue para ´aclarar´ que Severo no había solicitado ingresar al programa de protección al testigo. Ergo, su exposición a una eventual represalia sería el resultado de su propia decisión –como si no fuese responsabilidad del Estado desmontar estas bandas. En segundo término, el ministro señaló que “no hay que seguir un solo hilo conductor, son diversas hipótesis”, pero no mencionó ninguna. Habida cuenta de que el testimonio de Severo compromete directamente a Pedraza, y que su secuestro fue motivo de conmoción nacional, Alak debería explicitar mínimamente a qué se refiere. Ningún funcionario salió a condenar a las patotas pedracistas. La actitud del gobierno es encubridora. Los personeros de Pedraza siguen ocupando puestos clave en la secretaría de Transporte y lucrando con los subsidios estatales.
Para concluir, esta semana se produjeron dos episodios de intimidación contra testigos en el juicio que se le sigue a Pedraza por el crimen de Mariano, que se suman a decenas de denuncias anteriores y similares presentadas por diversos testigos (Sotelo, García, Esteche, Reynoso y varios más) a lo largo de estos dos años. Ningún caso fue esclarecido hasta ahora.
Los testimonios de la audiencia 24
Los testimonios de Osvaldo Vázquez y José Andino, militantes del MTR, ratificaron los hechos que ya fueron relatados en este juicio por decenas de testigos. Vázquez aportó la descripción de un tirador vestido con ropa oscura que disparaba con un arma a la altura de la cintura. Andino –que se emocionó al describir la agonía de Mariano- describió a otros dos tiradores: uno, con uniforme de trabajo que empuñaba un arma corta, y otro que portaba una escopeta. Este último dato es muy importante, ya que a uno de los heridos –Nelson Aguirre- se le extrajo un perdigón de plomo de una de las heridas de bala que sufrió en el ataque de la patota. Los compañeros también relataron que fueron amenazados e insultados al llegar a la estación Avellaneda por un grupo encabezado por Pablo Díaz. “¿Qué tal si empezamos ahora?”, le escucharon decir a Díaz. Afirmaron que Díaz conversaba fluidamente con los comisarios responsables del operativo policial sobre las vías. Una vez más, se escuchó en la sala –esta vez, en palabras de ambos compañeros- la denuncia contra los patrulleros de la comisaria 30 de Barracas, que le abrieron el paso a la patota en la embestida final contra la columna que estaba retirándose, que ya había sido apedreada por ella desde la altura del terraplén y reprimida con balas de goma por la infantería.
El testimonio de Leonardo Franzín –obrero de los talleres de Remedios de Escalada desde hace 16 años y militante de la agrupación Causa Ferroviaria y del PO junto a Mariano- explicó la vida interna del ferrocarril y papel del sindicato conducido por Pedraza. De los talleres de Escalada salió el grueso del personal que participó de la patota. Muchos de ellos fueron llevados mediante engaños, ya que se les decía que iban a concurrir a un acto. Les puso nombre y apellido a los delegados que pusieron en marcha la convocatoria: “los que recorrían el taller eran Amuchastegui, Alcorcel, Aria, Toreta… Todos responden directamente a Pablo Díaz”. La salida de esos empleados en horario laboral fue autorizada por escrito por la gerencia de Recursos Humanos de Ugofe.
Sobre la organización gremial del ferrocarril, Franzín denunció que “el estatuto de la Unión Ferroviaria es restrictivo y, además, es desconocido para los trabajadores”. Explicó que no hay elección de delegados por sector sino ´lista sábana´, y que tampoco hay representación de las minorías en el cuerpo de delegados ni en ninguna otra instancia. Franzín contó que, a pesar de que su agrupación obtuvo entre el 30 y el 40% de los votos en las elecciones de la línea y que dos veces se impuso en los talleres, nunca pudieron a acceder a ninguna representación gremial.
También se refirió a la lucha de los tercerizados, en la cual Causa Ferroviaria jugó un papel protagónico. “Cuando llegó Ugofe, se vino un aluvión de tercerizaciones”, dijo. “La más escandalosa fue la de Unión del Mercosur, que pertenecía al sindicato. Hacían trabajos de limpieza, que es un rubro que forma parte de nuestro convenio colectivo. La cooperativa funcionaba con los recursos del Estado, que los aportaba a través de la Subsecretaria de Transporte. Los tercerizados eran monotributistas, no tenían vacaciones y ganaban una tercera parte del convenio de lo establecido en el convenio. La Unión Ferroviaria no quería que los tercerizados pasaran a planta. En siete meses, no vinieron a una sola negociación. Hay una contradicción muy grande: un sindicato no puede estar de los dos lados del mostrador. Se supone que está para defender a los trabajadores. En el ferrocarril, en cambio, tenemos jefes que son delegados sindicales. No se pueden defender los intereses de la patronal y los de los trabajadores simultáneamente. Me parece una cuestión de principios”. Franzín dijo que “la Unión Ferroviaria es una organización vertical. La jerarquía en el Roca viene en el siguiente orden: Pedraza, Fernández y Pablo Díaz “. También declaró que “cuando yo entré al ferrocarril, los ingresos pasaban por la gerencia de recursos humanos. Cuando llegó Ugofe, el sindicato paso a poner al gerente. En los talleres, metieron a mucha gente. Amigos, familiares… los consideran ‘gente que les debe favores’”.
El último en declarar fue Juan Molina, otro trabajador del taller que fue reclutado por la patota para evitar el corte de vías. Aunque admitió haber ido “obligado” por temor a perder su empleo, su testimonio apuntó a deslindar de toda responsabilidad a Pablo Díaz. En las escuchas judiciales de la causa, consta una comunicación telefónica de su padre, ex ferroviario, con “El Gallego” Fernández. En esa misma comunicación, el joven Molina establece una cita con el jerarca de la UF. Molina había negado esa conversación. Nuestra querella solicitó que se le hiciera escuchar el audio para que reconociera su voz. El tribunal, por mayoría, no dio lugar a nuestro pedido.
El juicio continúa avanzando y acumulando pruebas contra Pedraza, su patota y los policías que fueron cómplices del crimen de Mariano. Al mismo tiempo, las bandas de la burocracia pedracista siguen actuando impunemente.
Más que nunca, perpetua a Pedraza.
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