Crecimiento y desigualdad
Los salarios de los médicos y profesionales de la Ciudad: ¿qué reclamamos?
Por Luis Trombetta
Los últimos aumentos salariales fueron acordados entre el gobierno nacional y la burocracia sindical, CGT y CTA, y fueron homologados en base a un tope máximo que en principio no superaría el 20%, y que luego fue quebrado entre otros sectores, por los obreros de la alimentación que exigieron aumentos salariales del 35%.
Asimismo los acuerdos establecieron que los incrementos fueran abonados en forma segmentada durante el 2010.
Los gremios que firmaron temprana y disciplinadamente con el tope acordado entre la burocracia y el gobierno nacional, obtuvieron los incrementos más bajos.
“La paritaria que firmó la AMM con Macri estaba lejos de los reclamos que se expresaban en las asambleas hospitalarias del Alvarez, Sardá, Tornú, y Gutiérrez, y de la movilización del 17/03 cuyo programa exigía $6000 para el ingreso a la carrera y 40% de aumento para todas las categorías, el 82% móvil para las jubilaciones, las designaciones pendientes y el llamado a concurso para cubrir las vacantes” (Tribuna de Salud http://www.tribunadesalud.com.ar/node/340)
En el comienzo del 2011, el escenario se repite.
Ya anteriormente señalamos que la dirigencia de la AMM opera cómo árbitro entre los reclamos y necesidades de los profesionales y la política salarial de Macri, sin la participación de los médicos y sin consultar las asambleas hospitalarias.
¿Dónde ubicar ahora el porcentaje de aumento del salario?
¿Qué índice tomar?
La economía (PBI) crece y los salarios bajan
En 2010 el crecimiento del PBI se ubica en torno al 7%, aunque las cifras oficiales se conocerán recién dentro de algunas semanas.
Esto significa que el volumen de bienes y servicios producidos en 2010 creció aproximadamente 7% respecto de 2009. Por otra parte, diversas fuentes de las más variadas extracciones políticas coinciden en que la inflación se ubica en el 25% anual. Por último, los incrementos salariales (al menos en el sector registrado, donde contamos con estadísticas más precisas) del 2010 exhiben un promedio que ronda entre el 15 y el 20%.
Este escenario pone de manifiesto un hecho ya clásico en la historia económica de nuestro país: los efectos socialmente regresivos de la inflación.
En todo proceso inflacionario, aquellos sectores con mayor poder de formación de precios se ven relativamente beneficiados a expensas de aquellos que no pueden ajustar fácilmente sus ingresos nominales.
Los trabajadores asalariados se encuentran entre los sectores con menor poder de negociación y es por este motivo que experimentan una notable pérdida en términos reales. Un breve ejercicio basta para ilustrar este punto: si los precios aumentan 25%, es necesario un aumento de idéntica magnitud en los salarios para que el poder adquisitivo de los asalariados se mantenga constante.
Pero en una economía que crece en términos reales, esto está lejos de ser lo más deseable, dado que si el PBI ("la torta", en la jerga) es mayor, es razonable suponer que los salarios deberían serlo también, al menos para no empeorar la distribución funcional del ingreso.
Entonces, para que la participación de los salarios en el producto se mantuviera constante en términos reales, los aumentos salariales deberían ser del orden del 32%. Nótese que esto no implica mejorar la distribución del ingreso sino solo mantenerla tal cual la vemos hoy.
Cualquier aumento por debajo de esa cifra implica una pérdida en términos reales para el conjunto de los trabajadores asalariados.
A la hora de discutir los aumentos de 2011, deberíamos preguntarnos si estos guarismos se mantendrán o si cambiarán. No hay indicios que señalen una desaceleración del PBI en el corto plazo (numerosos especialistas plantean exactamente lo contrario), aunque la inercia inflacionaria sí podría empeorar, imponiendo la necesidad de mayores aumentos.
El problema es más profundo
Un análisis más detenido del proceso inflacionario que vivimos en Argentina sugiere que el problema es aún más profundo.
En particular, sostenemos que la inflación en Argentina corresponde al tradicional caso de inflación de demanda keynesiana.
Una economía en que la demanda agregada crece sostenidamente (por razones tanto internas como externas) y donde la oferta es más bien rígida sufre presiones inflacionarias porque el mercado ajusta por precios y no por cantidades.
En Argentina, una de las razones por las que la oferta es rígida es el débil papel que cumple la inversión productiva en nuestro país.
Las estadísticas públicas son pobres en este respecto, pero un hecho salta a la vista: la inversión bruta interna fija (aquella que comprende tanto inversión productiva como reproductiva, esto es, reposición de capital amortizado) solo corresponde al 22% del PBI.
Un magro porcentaje de los bienes producidos se destinan a la inversión, el consumo es preponderante.
Las políticas de oferta son clave en una economía inflacionaria, ya que al expandir la oferta ocurre el fenómeno contrario al explicado anteriormente: el mercado comienza a ajustar por cantidades y no por precios. Por eso los regímenes de promoción industrial y la inversión en infraestructura (2 elementos severamente débiles de la estructura productiva argentina) son puntos clave que deben formar parte de una reforma fiscal que se considere progresiva.
El problema es que esto implica cuestionar el carácter de clase del Estado.
En otras palabras, si el gobierno desea verdaderamente proteger el bienestar nacional (sin que esto implique ninguna consideración política específica), debería llevar adelante una reforma fiscal en la que se eliminen los subsidios a los grandes capitales, cuya única finalidad es mantener tasas de rentabilidad singularmente elevadas, y se destine el abultado superávit fiscal a inversiones productivas destinadas a contener la inflación.
¿Y el salario?
Es en este sentido que el reclamo salarial cobra un contenido más profundo.
No se trata simplemente de una proclama reivindicatoria tradicional; más bien, el reclamo de aumento salarial debe pensarse en el marco de una profunda modificación de las relaciones económicas y sociales, que en el caso de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, significa la triplicación del presupuesto, y el otorgamiento de un salario mínimo de ingreso a la carrera para el cargo de 30 horas semanales, que no puede ser menor de $6000 de bolsillo.
Es necesario destacar que el proceso de discusión paritaria debería ser discutido y aprobado por las asambleas hospitalarias, que fijarían mandatos y representantes revocables por las mismas asambleas.
Sin duda, este proceso democrático apuntaría directamente al centro de la política reaccionaria del gobierno y barrería en un instante a la burocracia sindical.
El verdadero punto central de toda discusión salarial y de las reivindicaciones de los trabajadores, pasa por cuál es el carácter del Estado que está dispuesto a llevar adelante dichas reformas.
Es aquí donde encontramos las limitaciones que imponen la patronal (estado-gobierno porteño) y la complicidad de las dirigencias sindicales adictas, que se preservan con la adaptación a la política patronal.
Es por esta razón que la lucha salarial cuestiona el carácter del estado y al mismo tiempo demuestra que la integración de la burocracia al aparato estatal expresa sus necesidades mutuas de subsistencia.
Por el aumento salarial, hay que luchar.
El 2011 plantea a los profesionales de la salud del Gobierno de la Ciudad, el desafío de luchar por nuestros salarios.
La clave es superar las barreras impuestas por la conducción de la AMM y enfrentar la política de Macri y Lemus con un programa preciso.
Por un salario de bolsillo de ingreso a la carrera, para el cargo de ejecución de 30 horas semanales, de $6000.-
Aumento salarial del 40% para todas las categorías.
82% para el haber jubilatorio.
Que el salario se ajuste por el índice inflacionario mensual.
Paritarias libres, con mandatos de asambleas y delegados paritarios elegidos por el voto de los profesionales, con mandato revocable.
Febrero de 2011
Los salarios de los médicos y profesionales de la Ciudad: ¿qué reclamamos?
Por Luis Trombetta
Los últimos aumentos salariales fueron acordados entre el gobierno nacional y la burocracia sindical, CGT y CTA, y fueron homologados en base a un tope máximo que en principio no superaría el 20%, y que luego fue quebrado entre otros sectores, por los obreros de la alimentación que exigieron aumentos salariales del 35%.
Asimismo los acuerdos establecieron que los incrementos fueran abonados en forma segmentada durante el 2010.
Los gremios que firmaron temprana y disciplinadamente con el tope acordado entre la burocracia y el gobierno nacional, obtuvieron los incrementos más bajos.
“La paritaria que firmó la AMM con Macri estaba lejos de los reclamos que se expresaban en las asambleas hospitalarias del Alvarez, Sardá, Tornú, y Gutiérrez, y de la movilización del 17/03 cuyo programa exigía $6000 para el ingreso a la carrera y 40% de aumento para todas las categorías, el 82% móvil para las jubilaciones, las designaciones pendientes y el llamado a concurso para cubrir las vacantes” (Tribuna de Salud http://www.tribunadesalud.com.ar/node/340)
En el comienzo del 2011, el escenario se repite.
Ya anteriormente señalamos que la dirigencia de la AMM opera cómo árbitro entre los reclamos y necesidades de los profesionales y la política salarial de Macri, sin la participación de los médicos y sin consultar las asambleas hospitalarias.
¿Dónde ubicar ahora el porcentaje de aumento del salario?
¿Qué índice tomar?
La economía (PBI) crece y los salarios bajan
En 2010 el crecimiento del PBI se ubica en torno al 7%, aunque las cifras oficiales se conocerán recién dentro de algunas semanas.
Esto significa que el volumen de bienes y servicios producidos en 2010 creció aproximadamente 7% respecto de 2009. Por otra parte, diversas fuentes de las más variadas extracciones políticas coinciden en que la inflación se ubica en el 25% anual. Por último, los incrementos salariales (al menos en el sector registrado, donde contamos con estadísticas más precisas) del 2010 exhiben un promedio que ronda entre el 15 y el 20%.
Este escenario pone de manifiesto un hecho ya clásico en la historia económica de nuestro país: los efectos socialmente regresivos de la inflación.
En todo proceso inflacionario, aquellos sectores con mayor poder de formación de precios se ven relativamente beneficiados a expensas de aquellos que no pueden ajustar fácilmente sus ingresos nominales.
Los trabajadores asalariados se encuentran entre los sectores con menor poder de negociación y es por este motivo que experimentan una notable pérdida en términos reales. Un breve ejercicio basta para ilustrar este punto: si los precios aumentan 25%, es necesario un aumento de idéntica magnitud en los salarios para que el poder adquisitivo de los asalariados se mantenga constante.
Pero en una economía que crece en términos reales, esto está lejos de ser lo más deseable, dado que si el PBI ("la torta", en la jerga) es mayor, es razonable suponer que los salarios deberían serlo también, al menos para no empeorar la distribución funcional del ingreso.
Entonces, para que la participación de los salarios en el producto se mantuviera constante en términos reales, los aumentos salariales deberían ser del orden del 32%. Nótese que esto no implica mejorar la distribución del ingreso sino solo mantenerla tal cual la vemos hoy.
Cualquier aumento por debajo de esa cifra implica una pérdida en términos reales para el conjunto de los trabajadores asalariados.
A la hora de discutir los aumentos de 2011, deberíamos preguntarnos si estos guarismos se mantendrán o si cambiarán. No hay indicios que señalen una desaceleración del PBI en el corto plazo (numerosos especialistas plantean exactamente lo contrario), aunque la inercia inflacionaria sí podría empeorar, imponiendo la necesidad de mayores aumentos.
El problema es más profundo
Un análisis más detenido del proceso inflacionario que vivimos en Argentina sugiere que el problema es aún más profundo.
En particular, sostenemos que la inflación en Argentina corresponde al tradicional caso de inflación de demanda keynesiana.
Una economía en que la demanda agregada crece sostenidamente (por razones tanto internas como externas) y donde la oferta es más bien rígida sufre presiones inflacionarias porque el mercado ajusta por precios y no por cantidades.
En Argentina, una de las razones por las que la oferta es rígida es el débil papel que cumple la inversión productiva en nuestro país.
Las estadísticas públicas son pobres en este respecto, pero un hecho salta a la vista: la inversión bruta interna fija (aquella que comprende tanto inversión productiva como reproductiva, esto es, reposición de capital amortizado) solo corresponde al 22% del PBI.
Un magro porcentaje de los bienes producidos se destinan a la inversión, el consumo es preponderante.
Las políticas de oferta son clave en una economía inflacionaria, ya que al expandir la oferta ocurre el fenómeno contrario al explicado anteriormente: el mercado comienza a ajustar por cantidades y no por precios. Por eso los regímenes de promoción industrial y la inversión en infraestructura (2 elementos severamente débiles de la estructura productiva argentina) son puntos clave que deben formar parte de una reforma fiscal que se considere progresiva.
El problema es que esto implica cuestionar el carácter de clase del Estado.
En otras palabras, si el gobierno desea verdaderamente proteger el bienestar nacional (sin que esto implique ninguna consideración política específica), debería llevar adelante una reforma fiscal en la que se eliminen los subsidios a los grandes capitales, cuya única finalidad es mantener tasas de rentabilidad singularmente elevadas, y se destine el abultado superávit fiscal a inversiones productivas destinadas a contener la inflación.
¿Y el salario?
Es en este sentido que el reclamo salarial cobra un contenido más profundo.
No se trata simplemente de una proclama reivindicatoria tradicional; más bien, el reclamo de aumento salarial debe pensarse en el marco de una profunda modificación de las relaciones económicas y sociales, que en el caso de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, significa la triplicación del presupuesto, y el otorgamiento de un salario mínimo de ingreso a la carrera para el cargo de 30 horas semanales, que no puede ser menor de $6000 de bolsillo.
Es necesario destacar que el proceso de discusión paritaria debería ser discutido y aprobado por las asambleas hospitalarias, que fijarían mandatos y representantes revocables por las mismas asambleas.
Sin duda, este proceso democrático apuntaría directamente al centro de la política reaccionaria del gobierno y barrería en un instante a la burocracia sindical.
El verdadero punto central de toda discusión salarial y de las reivindicaciones de los trabajadores, pasa por cuál es el carácter del Estado que está dispuesto a llevar adelante dichas reformas.
Es aquí donde encontramos las limitaciones que imponen la patronal (estado-gobierno porteño) y la complicidad de las dirigencias sindicales adictas, que se preservan con la adaptación a la política patronal.
Es por esta razón que la lucha salarial cuestiona el carácter del estado y al mismo tiempo demuestra que la integración de la burocracia al aparato estatal expresa sus necesidades mutuas de subsistencia.
Por el aumento salarial, hay que luchar.
El 2011 plantea a los profesionales de la salud del Gobierno de la Ciudad, el desafío de luchar por nuestros salarios.
La clave es superar las barreras impuestas por la conducción de la AMM y enfrentar la política de Macri y Lemus con un programa preciso.
Por un salario de bolsillo de ingreso a la carrera, para el cargo de ejecución de 30 horas semanales, de $6000.-
Aumento salarial del 40% para todas las categorías.
82% para el haber jubilatorio.
Que el salario se ajuste por el índice inflacionario mensual.
Paritarias libres, con mandatos de asambleas y delegados paritarios elegidos por el voto de los profesionales, con mandato revocable.
Febrero de 2011
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