A contramano de la inmensa lucha popular por aborto legal, que cobra cada vez mayor impulso y masividad, en el Congreso Nacional no cesan las maniobras contra este derecho de primer orden para las mujeres.
Al día de hoy, no están los votos necesarios para acceder a la media sanción que miles y miles de personas esperan que se apruebe, las mujeres y la juventud particularmente, porque el voto de los diputados está supeditado al escandaloso poder que detenta la Iglesia Católica, y junto al cual gobiernan y han gobernado.
Mayoría especial
En primer lugar, la dilación en avanzar con un dictamen de las comisiones impuso la necesidad de contar con 2/3 de la Cámara para poder habilitar el debate en sesión el próximo 13 de junio, de acuerdo al artículo 113 del reglamento. Sucede que al no haber dictaminado con siete días de anterioridad a la sesión, no se podrá comenzar a tratar el tema si no están presentes los dos tercios de los diputados en el recinto. Si se hubiera emitido el dictamen en tiempo y forma, con la presencia de 129 diputados hubiera alcanzado para habilitar el tratamiento del proyecto. De esta forma, depende enteramente de la voluntad política de los anti-derechos que se pueda discutir en el recinto, aun cuando estén los votos necesarios para aprobar el proyecto de aborto legal.
El dictamen favorable en el plenario de comisiones tampoco está garantizado. La dilación impulsada por los bloques oficialista y pejotistas lo único que ha logrado es dar tiempo a la Iglesia para desplegar sus presiones. De no obtenerse un dictamen favorable mayoritario en el plenario de comisiones, los diputados contrarios no prestarían quórum para habilitar la sesión. La responsabilidad por esto les cabe enteramente a los bloques de Cambiemos, FpV y justicialista.
Hay un fuerte lobby por parte de la Iglesia Católica, con llamados telefónicos desde el Vaticano a los despachos de cada diputado, para boicotear la ley. Esto solo retrata el nivel de sometimiento de nuestros “honorables diputados” a los designios papales. Los bloques mayoritarios están poblados de agentes clericales. La “república” que defiende Carrió retrasa más de 200 años: está por detrás del principio elemental de secularización del Estado que levantó la Revolución Francesa.
El dictamen de comisión
Nuestra banca votará favorablemente el proyecto en general, ya que en estos términos la ley es progresiva con relación a lo que hoy existe, pero votaremos en particular contra la incorporación de la objeción de conciencia y la perpetuación de la práctica del aborto en el Código Penal, a través de la penalización de médicos y pacientes.
Objeción de conciencia: una trampa letal
Cambiemos y los distintos bloques del peronismo no dudan en traducir estas presiones en una política para degradar el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. El punto más dañino es que han integrado al texto de la ley la objeción de conciencia individual, abriendo las puertas a un virtual bloqueo al acceso a este derecho, como sucede actualmente con el aborto no punible en virtud del enorme peso del clero en las direcciones de hospitales (públicos o privados), sin que exista necesariamente una legislación que lo habilite. Por lo tanto, los diputados convertirán en ley una obstrucción al acceso a la salud que hoy se lleva adelante por la vía de los hechos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el departamento de Salto, en Uruguay, donde el aborto es legal, pero las mujeres de Salto deben trasladarse a otros departamentos para poder practicárselo. La “objeción de conciencia” es un recurso del clero para poder sortear leyes vigentes.
Aún peor es la intención de habilitar la objeción de conciencia institucional, o la objeción de conciencia institucional para los centros de salud confesionales. Esto fue planteado en las reuniones de asesores en la elaboración del dictamen, y sobre estas modalidades de objeción se está avanzando en otra comisión, la de Relaciones Exteriores y Culto, en la cual se sacaría un dictamen favorable a estas modalidades no sólo en el ámbito de la salud, sino también en el educativo, lo que significa un avance clerical fenomenal.
El bloque enemigo del aborto legal no quiere que se avance ni en ese terreno ni el de la educación sexual científica y laica. Son los responsables de la situación actual y su orientación clerical nos lleva a situaciones aún peores.
Nuestro bloque rechaza la incorporación en el proyecto de cualquier modalidad de objeción de conciencia, y votaremos en contra de este artículo en particular.
Aborto y Código Penal
El otro aspecto es que el dictamen mantiene la práctica del aborto dentro del Código Penal. En la nueva redacción de los artículos 85, 86 y 88 del Código, las penas previstas pasarían de 3 a 10 años para los profesionales y de 1 a 4 años para las mujeres a de 3 a meses a 1 año en ambos casos, en casos de abortos practicados a partir de la semana 15, cuando no se invoquen las causales de acuerdo con el fallo F.A.L.
Mantener la práctica del aborto dentro de las disposiciones del Código Penal significa perpetuar un mecanismo de regimentación y adoctrinamiento de las mujeres. Es preservar un poderoso instrumento de disciplinamiento hacia las mujeres que deben interrumpir un embarazo no deseado, a las que se les dice que son “asesinas”, que en definitiva están cometiendo un acto “criminal”.
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Finalmente, en el dictamen se ha colocado una penalización de 6 meses a 2 años a la “autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto” y de 2 a 5 años cuando ello tuviere como consecuencia la imposibilidad por parte de la mujer de acceder a la práctica en los plazos fijados.
Nuestra consideración es que todo lo relativo a la penalización por la práctica consentida del aborto debe ser erradicado en el Código Penal y que, de imponer algún castigo, el mismo debe ser por causa de negarse a realizar la práctica y este debe recaer sobre la institución y el Estado, que son los responsables de lo actuado por los trabajadores de cada institución.
Autonomía progresiva
Respecto de las menores de edad, el proyecto garantiza la autonomía progresiva de las niñas de entre 13 y 16 años, remitiéndose al artículo 26 y 59 del Código Civil. La autonomía progresiva significa el reconocimiento de la capacidad de los niños, niñas y adolesecnetes a tomar decisiones de acuerdo con su madurez y sus capacidades, es decir su derecho a que ser oídos y que su opinión sea tenido en cuenta
Se incluyó también un capítulo sobre consejerías pre y post-aborto, en los casos en que la mujer lo requiera, y se incluyó una especificación en torno a que, si algún centro de salud no contara con los profesionales suficientes para garantizarlo, ello no puede ser obstáculo para la realización del aborto solicitado por la mujer o persona gestante.
Se incluyó un artículo respecto de la educación sexual integral obligatoria en todos los niveles educativos, lo cual ya es ley desde el año 2006 y se incumple sistemáticamente.
Lo que abunda no daña, pero vale aclarar que los que se desesperan ahora por hacerlo explícito en una ley sobre aborto, son los que han integrado los gobiernos que bloquean la implementación de la ESI sin jamás haber reclamado por ello.
Perspectivas
Como sostuvo nuestra compañera Romina Del Plá en el plenario de comisiones, este dictamen es el resultado de las presiones entre el reclamo del movimiento popular y las aspiraciones de la conquista de un derecho, con el parlamento dominado por bloques históricamente hostiles a la autonomía de las mujeres y agentes clericales de toda laya (desde los “nacionales y populares” hasta los “republicanos” de la nueva era). Nuestro bloque se ha empeñado duramente en bloquear todo retroceso en relación al proyecto original de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, y seguiremos peleando por defender cada punto y por garantizar que el aborto sea ley con todas las garantías posibles.
El movimiento de mujeres está haciendo historia. La inmensa movilización del 4J que destacó la consigna “Ni una menos por aborto clandestino” volvió a poner ante los ojos de todo el país que este reclamo ha impulsado una gigantesca movilización popular que tiene potencialidades enormes. Hay un cuestionamiento de fondo al disciplinamiento social clerical sobre las mujeres que hacen crecer el reclamo por la inmediata separación de la Iglesia del Estado. Más que nunca, tenemos que redoblar la movilización para garantizar la aprobación el 13J y potenciar un movimiento de lucha que reforzará al movimiento popular en su conjunto y abrirá un nuevo escenario político para la lucha de las mujeres contra el oscurantismo clerical.
¡Aborto legal y separación de la Iglesia del Estado ya!
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