1º de enero de 1959: triunfa la revolución Cubana

Cincuenta aniversario de la Revolución Cubana (IX)
De la entrada en La Habana a Playa Girón
En Prensa Obrera 1070 - 2009

El 1º de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba. La revolución, iniciada con el desembarco de Fidel Castro y sus hombres en noviembre de 1956, había triunfado.
El Estado batistiano había quedado desmantelado como consecuencia de la revolución. El Ejército Rebelde se convirtió en la fuerza armada de la nación, pero las masas no fueron armadas. La policía -depurada- fue puesta bajo el mando de comandantes que habían combatido en la Sierra. Los altos funcionarios del gobierno batistiano fugaron al exilio; los que no lo hicieron, fueron detenidos. Los jueces de la Corte Suprema fueron destituidos.
El gobierno estaba encabezado por conocidas figuras de la burguesía opositora a Batista: Manuel Urrutía (presidente), José Miró Cardona (primer ministro), Roberto Agramonte (canciller), Rufo López Fresquet (finanzas); Felipe Pazos (presidente del Banco Nacional).
El gabinete fue una tentativa de compromiso político con la burguesía cubana e incluso con el imperialismo. La revolución se había hecho en nombre de la vigencia de la Constitución de 1940, derogada por el golpe de Batista en 1952.
El imperialismo norteamericano, sin embargo, hostilizó al nuevo gobierno desde el primer día. Los norteamericanos iniciaron su campaña hostil con motivo de los primeros decretos del nuevo gobierno.
El 6 de enero, el gobierno decretó la disolución de los partidos políticos con el propósito de depurarlos de las camarillas que habían colaborado con Batista y reorganizarlos con vistas a las futuras elecciones, anunciadas para mediados de 1960. Otro decreto, de la misma fecha, estableció la pena de muerte para los responsables de crímenes de guerra. Comenzaron a funcionar tribunales revolucionarios para juzgar a los torturadores y asesinos del régimen caído. Estos juicios fueron denunciados en Estados Unidos por la revista Time y prominentes miembros del Senado.
El establecimiento de los tribunales provocó la renuncia del presidente Urrutía y del primer ministro Miró Cardona. Urrutía la retiró; Miró Cardona la hizo efectiva a comienzos de febrero. Fidel Castro -que hasta entonces no formaba parte del gobierno- lo reemplazó como primer ministro. Así, la presión del imperialismo condicionó a todos los actores políticos y comenzó a definir los campos.
En marzo, el gobierno decretó la rebaja de los alquileres, la intervención de la compañía telefónica (norteamericana) y la expropiación de las propiedades de los altos funcionarios de Batista. En mayo decretó una reforma agraria dentro de marcados cánones capitalistas. Establecía un límite máximo de 400 hectáreas para las explotaciones agrícolas, excepto para las azucareras y arroceras (1.342 hectáreas). Las compañías extranjeras podían superar esos límites si el gobierno consideraba su explotación de "interés nacional". Los propietarios recibirían una compensación equivalente a la valuación fiscal de la tierra, pagadera con un bono a 20 años y un interés del 4,5% anual. La tasa era superior y el plazo inferior a otras experiencias de reforma agraria (como las de Japón o Taiwán). Las tierras confiscadas serían repartidas entre los campesinos o explotadas por cooperativas. La reforma incluía una vieja reivindicación nacionalista: prohibió a los ingenios azucareros extranjeros (casi todos norteamericanos) poseer plantaciones de caña (que a partir de la promulgación de la ley debían pasar a manos de propietarios cubanos).
Ninguna de estas medidas era socialista. Ostensiblemente, la reforma agraria quedó por atrás del proyecto aprobado en 1958 en el Congreso de Campesinos en Armas celebrado en la Sierra Maestra.
Desde Miami comenzaron vuelos sobre Cuba para arrojar, indistintamente, bombas o propaganda contrarrevolucionaria; ante las protestas cubanas, el gobierno norteamericano declaró no tener medios para impedirlos. El vicepresidente Richard Nixon reclamaba la preparación de una fuerza armada para invadir la isla; la CIA trabajaba activamente con los exiliados en Miami. Dentro de Cuba, los ganaderos de Camagüey se convirtieron en el centro de la agitación contrarrevolucionaria.
Radicalización
La presión norteamericana provocó la primera crisis de gabinete. El 11 de junio, Estados Unidos presentó una protesta diplomática contra la reforma agraria; rechazaba el monto de las compensaciones y reclamaba su pago en efectivo. Al día siguiente de esa nota, luego de un encarnizado debate en el gabinete, Fidel Castro forzó la renuncia de los ministros que se habían opuesto a la reforma agraria. La mayoría de ellos pasó a la oposición y comenzó a conspirar con los norteamericanos. En julio estalló una nueva crisis: Castro denunció públicamente al presidente Urrutía por conspirar para "provocar la agresión extranjera". Urrutía renunció.
La hostilidad del imperialismo puso en crisis al MR26 y al Ejército Rebelde. En junio renunció el jefe de la Fuerza Aérea, que se fugó a Miami para trabajar para la CIA. Una crisis todavía mayor estalló en julio, cuando Hubert Matos, comandante militar de Camagüey, los oficiales a su mando y la dirección local del MR26 denunciaron al gobierno y anunciaron su paso a la oposición. Fueron detenidos y juzgados.
Ante cada golpe del imperialismo, la revolución se radicalizaba. Como consecuencia de la crisis en Camagüey, fueron obligados a renunciar la mayoría de los ministros burgueses, partidarios de un entendimiento con Estados Unidos. En apenas seis meses, no quedó casi ninguno de los ministros del gabinete inicial (la excepción era el ministro de Finanzas, López Fresquet). Desapareció la "unidad nacional" de los primeros días de la revolución.
El nuevo gabinete decretó nuevas medidas contra los intereses norteamericanos. Nacionalizó los hoteles, expropió tierras de la Bethlehem Steel y de la International Harvester, y obligó a las petroleras a perforar los pozos concesionados. En respuesta, Estados Unidos amenazó con cortar la cuota azucarera cubana. El respaldo popular al gobierno revolucionario y a Fidel Castro era abrumador. El 1º de Mayo y el 26 de julio tuvieron lugar enormes concentraciones populares en La Habana.
Asfixia económica
Mientras alentaba las conspiraciones internas -fueron desmantelados grupos armados que operaban en la Sierra Maestra- y las del exilio, el imperialismo organizaba la asfixia económica de Cuba. Sus exportaciones a la isla cayeron drásticamente; las fuentes de financiamiento se cerraron. En Cuba las grandes empresas y los propietarios de tierras organizaban el desabastecimiento y promovían el desempleo. El gobierno cubano se dirigió a Europa para obtener los bienes y el financiamiento que Estados Unidos le negaba, pero, bajo la presión norteamericana, los gobiernos europeos rechazaron otorgar los préstamos que solicitaba Cuba. La isla enfrentó una crisis de productos de primera necesidad mientras crecía la desocupación.
Ante a la agresión económica, Cuba firmó un tratado económico con la URSS. El gobierno soviético se comprometió a comprar a Cuba 425.000 toneladas de azúcar y una cantidad de otros productos y a venderle petróleo y otros bienes industriales. Además, ofrecía el financiamiento que le negaban Estados Unidos y Europa. Cuba se transformaba en el centro de una crisis internacional.
El 17 de marzo, poco después de la firma del tratado con la URSS, renunció López Fresquet, el último de los ministros burgueses que permanecía en el gabinete. El mismo día, el presidente norteamericano Eisenhower autorizó a la CIA a armar y adiestrar a los exiliados cubanos.
Expropiación del capital norteamericano
El gobierno cubano, en conocimiento de los preparativos militares de la CIA, lanzó nuevas medidas contra la reacción. Intervino los diarios y los canales de TV privados (convertidos en tribunas de la contrarrevolución) y confiscó un millón de hectáreas de propiedad de grandes compañías, muchas de ellas norteamericanas. A fines de mayo, ordenó a las tres refinerías que operaban en la isla (Shell, Esso, Texaco) que procesaran el crudo importado de Rusia. Bajo presión norteamericana, las refinadoras rechazaron la orden; fueron intervenidas. The Wall Street Journal revelaba por esos días que el gobierno norteamericano preparaba la invasión de la isla.
El 6 de julio, Eisenhower redujo la cuota azucarera cubana. Castro denunció la "guerra económica" contra Cuba. El 6 de agosto, el gobierno cubano expropió las refinerías, las compañías de teléfonos y electricidad y todos los ingenios de propiedad norteamericana. Estados Unidos respondió con una prohibición de las exportaciones a Cuba. En respuesta, el gobierno cubano expropió a mediados de agosto más de 500 empresas agrícolas e industriales de capital norteamericano. En enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba. Los preparativos para la invasión se aceleraron.
En abril de 1961, Estados Unidos lanzó la largamente preparada invasión en Cuba. Gracias a una extraordinaria movilización popular y a la adopción de medidas represivas excepcionales contra la reacción interna, la revolución logró derrotar a los invasores en Playa Girón. Fidel Castro declaró entonces el carácter socialista de la revolución cubana. La declaración fue recibida con un silencio hostil por el gobierno soviético y fue rechazada por los partidos comunistas de América Latina. El argumento en contra era que la revolución cubana era democrático-burguesa; la oposición obedecía a que la proclamación socialista la hacía una dirección independiente del aparato internacional del stalinismo. En la crisis de los misiles, en octubre de 1962, esta independencia dará paso a un choque abierto.
Estatización de los sindicatos
Luego de adherir a la revolución a último momento (a caballo de la victoria), el PSP (el partido stalinista) jugó hasta comienzos de 1960 un papel de segundo orden en la revolución. Incluso, la prensa castrista y el propio Castro habían tenido algunos duros cruces con el PSP durante la primera mitad de 1959. El acuerdo comercial con la URSS, al que Cuba recurrió por el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos y Europa, cambiaría las cosas.
Actuando como ‘representante' de la burocracia soviética en Cuba, el PSP comenzó a adquirir importancia política y a ocupar un número creciente de puestos relevantes en el aparato del Estado.
En el campo sindical, las relaciones entre los militantes del 26 de Julio y del PSP eran muy tensas; los stalinistas habían boicoteado la huelga general de abril de 1958 organizada por los castristas.
En las primeras semanas luego de la caída de Batista, se renovaron las direcciones de todos los sindicatos. Los burócratas comprometidos con la dictadura fueron destituidos y reemplazados, en la mayoría de los casos por dirigentes ligados al MR26. Al mismo tiempo, los castristas expulsaron al PSP de la dirección del Fonu (Frente Obrero Nacional Unido), el frente sindical formado en la última etapa de la lucha contra Batista.
En noviembre de 1959 se reunió el X Congreso de la CTC (la central sindical), el primer congreso que se realizaba con las direcciones sindicales renovadas. El PSP sólo tenía 260 de 3.000 delegados acreditados.
Inmediatamente después del Congreso, comenzó a funcionar una "comisión de depuración" de los sindicatos. Trabajando codo a codo con el ministro de Trabajo, Augusto Sánchez Martínez, los dirigentes del PSP forzaron la renuncia del secretario general electo (David Salvador) y de otros dirigentes. Para sus puestos fueron dirigentes designados por el ministro (no electos), muchos de ellos del PSP. El ministerio comenzó a asumir funciones propias de los sindicatos, como la firma de convenios colectivos, y los sindicatos quedaron reducidos a meros apéndices del aparato estatal.
El PSP se beneficiaba políticamente de los acuerdos económicos con la URSS. Durante 1960 y 1961, el PSP fue ocupando resortes fundamentales del poder. Las tensiones que iba creando este copamiento entre el MR26 y los viejos dirigentes stalinistas se manifestaban en un segundo plano. Después de Playa Girón, este enfrentamiento se profundizó. En 1962, Fidel Castro denunció públicamente a Aníbal Escalante, secretario general del PC, por promover "un nido de privilegios, beneficios y favores de todo tipo". La crisis terminó con la expulsión de Escalante y del embajador soviético Kudryatsev y con el desplazamiento de la mayoría de los dirigentes del PSP de sus puestos en el gobierno.

Estaba equivocado

Como anticipé, estaba equivocado.
El Gobierno de la Ciudad hizo las cuentas impecablemente.
Si no fuera porque el recibo impreso (y único valedero) no se puede consultar, el resto cierra.
Pero el gobierno porteño habilitó un sistema a través de la web y ahí se puede consultar el recibo.
La clave del problema: el salario, el aguinaldo y el dinero proveniente del fondo de distribución de lo facturado a terceros pagadores, está gravado por el impuesto a las ganancias.
Percibimos menos de lo que esperábamos, consecuencia de un impuesto aplicado a los salarios!
¡Cómo si el salario fuera una “ganancia” y no el mero pago del valor de la subsistencia del trabajador!
En fin, Cristina escuchó de “Hugo” que el mínimo no imponible había que elevarlo, pero entre los dos, nos confiscaron el salario.
El gobierno nacional persistiendo en desconocer la inflación que se come los sueldos pero recaudando de los salarios (como si fuéramos empresarios).
Y Moyano con discursos futboleros pero paralizando a los trabajadores.
Juntos, son los responsables de la confiscación salarial.
Y Macri cumpliendo con el impuesto al trabajo, con salarios deprimidos acordados en paritruchas con la burocracia sindical, sin mandatos de delegados paritarios ni asambleas que discutan los reclamos, tiene el camino allanado para pagar sueldos bajos.
Así cerramos el 2011.
Es obligatorio reconocerlo: estoy equivocado.
Todo funciona correctamente y si no, date una vuelta por el Muñiz pero no me busques en la Sala 20.
Hubo que cederla a Pediatría porque las dos salas de niños fueron cerradas por el deterioro edilicio (no son espacios seguros). Cuando se realice la obra de reparación de las dos salas de Pediatría, volvemos a la 20.
Pero para qué les voy a contar.
El equivocado soy yo.

Luis Trombetta

El equivocado soy yo...

Chicas y muchachos:

Ya de vuelta de la nochebuena, me encontré con amigos que trabajan en el Gobierno de la Ciudad, y confirmando algunas informaciones que habían circulado en distintas dependencias, no sólo en salud, observamos que el aguinaldo tenía gusto a poco.
Por lo menos eso parecía a primera vista, a pesar de que no tenemos los recibos de sueldo, y es dificil saber exactamente qué cobramos.
Ya de sobremesa, también se comentó que los dividendos repartidos entre todos los sectores de salud, originados en el 40% de la facturación, también eran escasos.
Lo cierto es que comparando la cifra cobrada en este aguinaldo y la percibida en el primer semestre, es fácil observar que ahora es menor.
Respecto al reparto de utilidades de la facturación, que según la ley corresponde el 40% del total de lo facturao sin deducciones y a repartir entre todos los trabajadores de salud, los valores no representan la realidad.
Incluso, lo cobrado tiene descargado la comisión de la empresa ASI, encargada de facturar por cuenta del Gobierno (es decir, un servicio tercerizado), situación ajena a la propia reglamentación vigente (es obvio, alguien tenía que pagar a ASI por el servicio prestado).
En este tema, el cobro de la facturación debería ser desde el momento en que entró en vigencia la reglamentación. Sin embargo, el gobierno no ha pagado la deuda de varios años, sino que se ha "olvidado" de la obligación contraida, y pagó una miserable suma no actualizada.
A mi me tocaron $327,25.-
La verdad, por esta suma, más vale no gastar en una empresa que cobre servicios por facturar!
Volviendo al tema del aguinaldo, según cálculos grosso modo, la diferencia respecto al primer SAC, es de $1000.- o más.
Seguramente, el Gobierno hizo bien los cálculos, pagó lo que correspondía, y acertadamente, el reparto de la facturación, es exacto.
De la misma manera, el equivocado seré yo, que definitivamente no sé hacer los números.
Y por último, lo percibido debe estar bien liquidado, siendo prueba de ello que las organizaciones gremiales no observaron nada de lo anteriormente comentado y guardan el más absoluto silencio, como corresponde a la hora de la siesta a la que ya nos tienen acostumbrados.
La casa está en orden.
Luis Trombetta

Marcha 10 años del Argentinazo

Nuestro planteo a los trabajadores

PO 1207 22/12/2011 Editorial
Ante el ‘choque' entre los K y la burocracia sindical

por Néstor Pitrola

La demagogia verbal de Moyano no es novedad; en mayo de 2000, la ‘cáscara vacía' con la que calificó en Huracán al PJ, ya había sido señalada por él mismo, incluso con más fuerza, como "un agotamiento del peronismo". Moyano, sin embargo, no denunció el tarifazo, que es el eje del ‘ajuste' del viejo-nuevo gobierno, ni los impuestazos de Scioli, Macri o Binner, quizá porque sus empresas de recolección de basura dependen de los ingresos de los distritos en que operan. No mencionó tampoco el ‘laudo' que rebaja en once puntos el aumento salarial que habían firmado Uatre y las patronales ruralistas. Con Cirielli en la tribuna, olvidó también la re-militarización de los controladores aéreos y la amenaza de intervenir al sindicato de técnicos aeronáuticos. Estos ‘silencios' avalan la política oficial para que "la crisis la paguen los trabajadores". Una versión de las últimas horas asegura que el gobierno estaría dispuesto a discutir todas las diferencias con Moyano, a cambio de un acuerdo para que las paritarias no pasen del 18% de aumento salarial. Es decir, repetir la bajada de línea que Moyano cocinó con CFK en las paritarias pasadas -aunque el ‘techo' fracasara luego en numerosos sindicatos. Pero al gobierno no lo conforma repetir lo ocurrido en 2011: ahora va por colocar a una figura de su palo en la conducción de la CGT. Moyano ha dejado trascender que estaría dispuesto a esto -siempre, insistimos, a cambio de preservar su aparato económico. Moyano se mira en el espejo de Clarín.

El secretario de la CGT no puso a la central en la ruta de un plan de lucha, sino que destinó su empeño en reagrupar fuerzas con Venegas, Barrionuevo o Palazzo, de la Bancaria, heredero de Zanola -cuya liberación saludó desde Huracán. Retiró a sus legisladores del voto al nuevo Régimen de Trabajo Agrario, para defender el monopolio de la caja de Venegas, aunque la nueva ley contenga disposiciones que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Sumó, aunque en parte, al "601" Gerardo Martínez.

Pablo Micheli, que tiene paralizada a su CTA, dejó de lado todo esto para pedirle a Moyano que convenga un ‘plan de acción' -probablemente en torno a la cuestión del mínimo no imponible de ganancias, que afecta a un número mayor de trabajadores. El gobierno ya ha declarado que pretende compensar este aumento con el ‘techo' paritario.

La crisis del gobierno con Moyano es la expresión deformada de una crisis que ha crecido con el movimiento obrero en su conjunto; el tarifazo ha llevado a CFK a blanquear su posición represiva frente al derecho de huelga, que incluye el procesamiento a cinco mil luchadores clasistas. Moyano extorsiona a los K con sacar los sindicatos a la calle, para que se retiren las acusaciones judiciales en curso y se asegure el control de la caja de las obras sociales para la burocracia. No se puede soslayar que acaban de ser procesados seis dirigentes de la Oschoca, la obra social camionera, y hasta el propio Rinaldi, el abogado de su confianza, que administró el APE durante años. La presión de los reclamos y de las luchas, si bien impulsan un frente común defensivo entre Moyano y el gobierno contra las bases de los sindicatos, en última instancia desarrolla entre ellos una crisis política, porque esas luchas cuestionan la vigencia del esquema económico (agotado) que ha dado sustento al ‘modelo' de los K. Existe una crisis de conjunto que afecta a todos los sectores comprometidos con el régimen actual, que además azuza sus enfrentamientos de intereses.

Los observadores políticos coinciden en la opinión de que el destino de esta crisis será determinado por lo que ocurra en las paritarias -a partir de marzo. Es una visión estrecha de la crisis política, la cual involucra mucho más -al conjunto de las relaciones sociales. Sobre la base de la oposición al ‘ajuste', es necesario desarrollar una fuerte movilización popular, por ejemplo contra el tarifazo y contra el procesamiento de los luchadores, que sirva como un factor de organización y que refuerce la alternativa política contra la burguesía y sus agentes -el gobierno y la burocracia sindical. Por eso es necesario oponer al tarifazo la nacionalización sin indemnización de las empresas privatizadas de servicios y de las petroleras, bajo el control de los trabajadores.

En la misma línea, en oposición a las corridas cambiarias y a las medidas administrativas del gobierno, plantear la nacionalización de los bancos y del comercio exterior, siempre bajo control obrero, en función de otro plan económico frente a la crisis, discutido por el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones. Con este marco de lucha política se podrá preparar la intervención de las bases en las paritarias, en primer lugar para que los reclamos y los paritarios sean votados en asambleas sindicales y congresos con mandatos de las bases.

La manifestación gigantesca que conmemoró el 20 de diciembre ha sido una poderosa expresión de la rebeldía que se va apoderando de una masa creciente de trabajadores y de la juventud en general. Estuvo en sintonía con el desarrollo electoral que registró el Frente de Izquierda, que de este modo demuestra que es la parte más clara de un proceso de conjunto. Por eso, sobre la base de esta caracterización, la consigna debe ser: iniciativa, iniciativa y más iniciativa, para que la crisis la paguen los capitalistas y una nueva dirección de la clase obrera.

JORGE ALTAMIRA: LA RELACION DE MOYANO CON EL GOBIERNO NACIONAL

2001 20 de diciembre 2011

Movilización de Congreso a Plaza de Mayo
AGD concentra a las 17.30 hs.
en Rodríguez Peña y Avenida de Mayo

Más de un centenar de sindicatos, comisiones internas, organizaciones de DDHH, sociales y políticas convoca a una movilización de Congreso a Plaza de Mayo para este martes 20 de diciembre, a diez años del Argentinazo. La AGD UBA, uno de los dos sindicatos que estuvo presente en aquella jornada, se suma a esta convocatoria

Nos movilizamos por la libertad y el desprocesamiento de todos los dirigentes sindicales y luchadores sociales. No, a la judicialización y criminalización de la protesta. Rechazo a la ley antiterrorista que imponen el GAFI y el G 20.
Basta de asesinatos, castigo a los culpables.
Paritarias libres sin topes salariales. Defensa del derecho de huelga.
No al tarifazo ni al ajuste. Aumento del tope en las asignaciones familiares y eliminación el impuesto al salario.
Que la crisis la paguen los grandes capitalistas, banqueros y terratenientes; no, los trabajadores y el pueblo.

AGD
Asociación Gremial Docente de la UBA