Debate:
¿Colapsa el sistema público
de salud de la CABA?
El sistema de salud
en Argentina se compone de tres sectores: la salud pública, la seguridad social
y la medicina privada.
Estos sectores
comparten intereses y estructuras de organización, así como usuarios de los
tres subsectores.
La desregulación de
las obras sociales (DNU 446/2000) inicialmente resistida por el sector privado
y las obras sociales sindicales, que argumentaban un incremento del costo de las
prestaciones y el rechazo a la obligatoriedad de ofrecer la misma calidad de
servicios para todos los usuarios, dio paso a un nuevo sistema de negocios, que
borró los límites antes establecidos en los tres subsistemas.
Las obras sociales
sindicales, principales protagonistas de la seguridad social, propiciaron la
creación de sistemas de medicina pre paga desde sus propias estructuras
sindicales, ofreciendo planes diferenciados de acuerdo a categorías
determinadas por la suma aportada por el beneficiario.
Como ejemplo de lo
anterior, en la actualidad la UPCN cuenta con el sistema solidario sostenido
por el aporte obligatorio del trabajador registrado, y un sistema de medicina
prepaga que en realidad es un seguro de pago anticipado, bajo condiciones de
contratación dependientes del costo asignado a cada plan. Nada diferente de los
planes de cobertura de la medicina privada o pre paga.
Y en el sector de la
medicina privada, las empresas líderes constituyeron contratos con usuarios que
derivaron sus aportes solidarios y obligatorios originados en sus haberes, los
que fueron trasladados en algunos casos a través de entidades sindicales que
oficiaron de puente con la empresa privada, para acceder a servicios ofrecidos
desde el sector privado, básicamente diferenciados por la atención de hotelería.
En todos los casos,
la desregulación exigió el cumplimiento del PMO.
Asimismo florecieron
planes especiales para “jóvenes”, para la “tercera edad” o planes para
“mayores”, diferenciados por el costo y la proyección de la utilización de los
beneficios del sistema, de acuerdo a la composición etaria.
El sector público no
quedó exento del proceso de privatización y reforma del estado, transfiriendo a
empresas privadas la provisión de diferentes servicios, entre ellos
alimentación, maestranza, mantenimiento, así como convenios con instituciones
privadas para servicios de diagnóstico de alta complejidad, por ejemplo RMN.
En conjunto, la
política sanitaria se orienta en los preceptos fundados por el Banco Mundial en
1993, contenidos en el informe “Invertir en salud”, en el que se recomendaba
mantener servicios de bajo costo en el sector público en un esquema de
prestaciones básicas y la transferencia al sector privado de aquellas
prestaciones financiadas por el usuario y que garantizaran un beneficio
económico, en definitiva una ganancia obtenida del negocio de la salud.
La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires cuenta con un servicio de salud pública constituido por 34
hospitales, 1 Centro Asistencial, 45 CESAC, 39 Centros Médicos Barriales, 2
Centros de Salud Mental y 2 Centros Odontológicos Infantiles.
Es sin duda la mayor
organización de la salud pública de una ciudad en todo el país.
Sin embargo afronta
el déficit presupuestario, el deterioro edilicio de estructuras hospitalarias
centenarias y el retraso del recurso tecnológico e informático.
Observando la
estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de la CABA, el total de los
egresos hospitalarios entre 2015, 2016 y 2017 (última estadística publicada),
mantiene cifras similares: 168422, 166098 y 161461 respectivamente.
El promedio de camas
disponibles (un indicador clásico de salud) en el mismo período presenta cifras
similares: 7027, 6981 y 6986.
El porcentaje de
ocupación también registra valores similares: 71, 71 y 69%.
En las consultas
externas hospitalarias, se registran 8.911.016 en 2015, 8.348.760 en 2016 y
8.095.950 en 2017.
La diferencia de
consultas externas entre 2015 y 2017 asciende a 815.066 consultas, 9% menos que
en 2015.
Esta declinación del
número de consultas externas en los hospitales de la CABA, en el trienio
analizado, no puede ser considerada como una expresión unívoca de colapso, ya
que las variantes intervinientes escapan a los datos que podrían permitir un
análisis pormenorizado.
Como no podemos
desagregar los datos de los usuarios, por ejemplo la “cercanía” a los
hospitales, o si el costo del traslado fuertemente incrementado por las tarifas
de transporte público limitaron la asistencia, u otros factores que escapan a
este análisis, que incluyen por ejemplo la oferta de servicios de salud en el
conurbano que podrían haber absorbido parte de la demanda en la CABA, sólo
podemos afirmar que las diferencias decrecientes en los egresos no es
significativa y que el número de camas habilitadas para internación, se
mantiene estable.
No es posible determinar
si la calidad de empleo en la población que demanda servicios de salud, puede
determinar las variaciones presentadas.
Sin embargo, el
empleo registrado que se encuentra en caída en el primer trimestre de
2019, debería declinar la absorción de
la demanda de la seguridad social, más aún cuando el nivel de desempleo en la
CABA en el primer trimestre de 2019 es de 10,7% y la subocupación horaria es de
9,3%.
Para el tercer
trimestre de 2017, considerando el lapso de salud analizado, la desocupación en
la CABA fue de 11,2% y la subocupación horaria 9,2%.
Evidentemente la
mayor desocupación registrada en el tercer trimestre de 2017, no influyó en la afluencia
al hospital público o en la demanda de la salud pública en la Ciudad.
Entonces ¿colapsa el
sistema público de salud porteño?
El colapso significa
la paralización o disminución importante del ritmo de una actividad o la
destrucción de un sistema o estructura.
De ser así, sería
pertinente la declaración de la emergencia sanitaria, que determinaría
profundos cambios en la organización hospitalaria.
Basta como ejemplo la
declaración de emergencia en 2009 (Decreto CABA
Nº: 604 / 2009
Publicado en el B.O.
CABA Nº 3207 el 02-07-2009), en oportunidad de la epidemia de Influenza A H1N1.
¿Qué dice el decreto?
Artículo 4°.-
Facúltase a los Directores de Hospitales de Ministerio de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con carácter excepcional, durante el plazo de
vigencia de la emergencia declarada por el artículo 10, a convocar al personal
de enfermería jubilado en los tres (3) últimos años a prestar servicios en los
efectores en los que se hubiesen desempeñado. Los servicios que prestaren en
razón de la convocatoria que por la presente se dispone será abonada mediante
el sistema de Módulos de Enfermería. El personal convocado será identificado
mediante la ficha Censal que utilizara hasta el momento de acogerse al
beneficio jubilatorio.
Artículo 6°.-
Facúltase al Ministerio de Salud a designar profesionales en carácter de
suplentes de guardia, por sobre el tope establecido por el Decreto N° 156/08 a
propuesta de los Directores de Hospitales, sin sustanciación del proceso de
selección. A los profesionales designados de conformidad con el presente
Artículo se les asignará una Ficha Censal provisoria y su nombramiento caducará
indefectiblemente una vez finalizada la emergencia que por la presente se
dicta.
Artículo 7°.-
Establécese, en el marco de la emergencia, la libre disponibilidad de los
suplentes de guardia de los efectores del Subsector Estatal de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultándose al Ministerio de Salud a
distribuir dichos profesionales, entre los distintos hospitales de su
dependencia, en forma transitoria y para cubrir las necesidades operativas de
los servicios correspondientes.
Como vemos, la
emergencia aún sin el colapso, provocó enormes cambios en la relación laboral
de los agentes de salud de la CABA.
Justamente porque la
caracterización de la situación sanitaria exige un pormenorizado análisis, las
conclusiones obtenidas determinarán la orientación de la intervención política
y una propuesta programática.
Regresando a la
cuestión del estado de situación de la salud pública en la CABA, dos
situaciones han ocupado la escena del último trienio.
En primer lugar la
modificación de la Carrera Profesional, que introdujo cambios en el régimen de
los concursos para el ingreso al sistema, en la temporalidad de los cargos de
conducción (que pasan a un sistema de revalidación al cabo de un determinado
período de tiempo), en la elección de directores y subdirectores de los
hospitales (que ya no serán por concurso de oposición y antecedentes sino por
designación del Ministerio de Salud de la CABA) y en la exclusión o
desconocimiento de la profesión de enfermería, relegada a un convenio
establecido en el escalafón general.
A pesar de la fuerte
movilización que reclamó el pase a la Carrera Profesional, los profesionales de
enfermería no obtuvieron el reconocimiento y menos aún el pase a la carrera.
El empuje del reclamo
fue de tal magnitud que fue acompañado por los enfermeros del sector de la
salud privada.
Conviene señalar que
la Carrera Profesional se convirtió a partir de 2005 en el primer Convenio
Colectivo de Trabajo firmado por el gobierno de la ciudad y la Asociación de
Médicos Municipales, con la venia de la Federación de Profesionales que nuclea
a los profesionales no médicos.
La diferencia
sustancial entre el convenio de los profesionales y el escalafón de enfermería
se resume en la escala salarial, en la categorización del profesional y en el
conjunto de reglas, por ejemplo el régimen de licencias.
La nueva carrera
aceptada por la AMM modifica el régimen laboral en detrimento del profesional
ingresante, pero en conjunto supera el régimen del escalafón de enfermería.
Es necesario señalar
que el reclamo por la inclusión de la enfermería en el régimen de la Carrera
Profesional, implica el reclamo al ejecutivo porteño de la firma de un nuevo
convenio colectivo en el que debería intervenir el SUTECBA. O en su defecto la
inclusión de los profesionales de enfermería en el CCT de los médicos y otras
profesiones incluidos en él.
En todo caso el
movimiento de enfermería por el pase a la Carrera Profesional debería dirigirse
tanto al gobierno (empleador) como al gremio que los representa (SUTECBA).
Es obvio que un
reclamo de esta naturaleza se opone tanto a los intereses patronales como a la
burocracia sindical que le impone un acuerdo salarial a la baja, reteniendo
bajo su dominio al personal de enfermería.
Cualquier lucha en
reclamo del pase a la Carrera, no puede escindirse de la lucha por la expulsión
de la burocracia de los sindicatos.
El otro punto de
atención en la salud pública porteña, fue el proyecto de cierre y reubicación
de cuatro hospitales en el predio del Muñiz, conocido popularmente como el 5x1.
La mayor resistencia
al proyecto de reconversión de los hospitales monovalentes fue protagonizada por
los trabajadores del Muñiz y en segunda instancia por el Marie Curie y el IREP.
El proyecto 5x1 se
enmarca en su antecesor, el “plan master” que fue rechazado principalmente por
los profesionales del Hospital Muñiz, contrario a la posición favorable de la
AMM y el SUTECBA en aquel tiempo.
El movimiento de
rechazo se generó a partir de diciembre de 2017 y se mantuvo firme buena parte
de 2018, hasta el comienzo del último trimestre del año.
Por ahora el gobierno
no ha insistido a pesar que el proyecto se mantiene vigente.
Uno de los aspectos
controvertidos y que ha dividido las opiniones principalmente entre los
profesionales, sobre la conveniencia de unificar los 5 hospitales en un centro
polivalente en el predio del Muñiz, se refiere a la situación edilicia del
Muñiz, que denota la falta de inversión en el sector de guardia y en el
abandono de los edificios que no fueron reciclados oportunamente y que hoy son
irrecuperables.
Sin embargo, como el proyecto de unificación incluye también
modificaciones en la estructura del recurso humano, en la creación de una
dirección general centralizada de los 5 hospitales y en la sustitución de las
direcciones de cada hospital por una suerte de gerencia administrativa, el
rechazo al proyecto se mantiene vigente.
La CUS
La crisis social
domina la escena.
La afluencia masiva a
las guardias de los hospitales generales de agudos, muchas desbordando la
capacidad operativa y la respuesta al paciente, no determinan el colapso del
sistema.
No hay que perder de vista que el problema es el negocio
capitalista de la salud.
La cobertura
universal de salud (CUS) es un plan que tiene como antecedente la Cobertura
Porteña de Salud (Ley 2597/07) que se sustenta en la nominalización del
beneficiario y en su lugar de residencia o empleo. Artículo 4° - Servicios. La autoridad de aplicación garantiza a los
habitantes comprendidos en artículo 2° de la presente ley, la atención
integral, personalizada y gratuita, según los criterios de organización del
primer nivel de atención establecidos en el Capítulo Segundo de la Ley N° 153,
en una red de complejidad creciente, como puerta de entrada al sistema a través
de los médicos de cabecera, debiendo estar la residencia y/o lugar de trabajo
del paciente dentro del área programática o delimitación geográfico sanitaria
que se establezca en un futuro.
A diferencia de la
Cobertura Porteña, la Cobertura
Universal de Salud (CUS) es una estrategia priorizada por la Secretaría
de Gobierno de Salud de la Nación para disminuir las desigualdades de
salud entre las jurisdicciones y los distintos tipos de cobertura (pública, de
la seguridad social y privada), según su propia definición.
Es decir que la CUS
es la continuidad del sistema imperante en la CABA, que en definitiva se dirige
a disminuir el gasto público, y persiguiendo el financiamiento a través del
llamado “tercer pagador”, que opera como recuperador del gasto a través de la
facturación a las obras sociales y al sector privado que se asiste en los
hospitales públicos.
No es novedad que
este recupero ya existe y que los hospitales porteños facturan los gastos a las
obras sociales (incluido el PAMI) y a la medicina prepaga, y que la totalidad
de los trabajadores de la salud del gobierno de la CABA, reciben un porcentual
del total de la recaudación que se paga dos veces al año, mecanismo que
incentiva la identificación del usuario y la facturación correspondiente.
El gobierno presenta
la CUS como un avance en el acceso a la
atención primaria, consistente en la nominalización de la población y una
estratificación regional o zonal, que determine las necesidades poblacionales.
La informatización y la base de datos se presentan como una mejora en la
calidad de la prestación y un mejoramiento en el acceso (turnos telefónicos).
La transferencia de
recursos a las provincias (financiamiento) queda sujeta al cumplimiento de las
metas del programa.
Nada diferente a las
recomendaciones del Banco Mundial en 1993, que promovía la salud familiar y
comunitaria, los servicios de salud esenciales, y la transferencia al sector
privado de los servicios que pudieran garantizar una extracción de ganancia a
la empresa privada.
Pero este esquema ha
atravesado toda la experiencia desde el hospital de autogestión en la década
del 90, hasta el presente, incluyendo los gobiernos kirchneristas.
Atribuirle exclusivamente al
macrismo la iniciativa fundacional del proyecto de privatización,
nominalización y asistencia primaria de bajo costo, es concederle al peronismo
kirchnerista, una estrategia política diferente a la directiva del BM.
El centro de atención
debería centrarse en la denuncia del negocio capitalista de la salud, que
incluye la provisión de servicios esenciales de bajo costo y la transferencia
al sector privado de los mayores negocios.
La fragmentación del
sistema sanitario nacional es la condición inseparable para atender al
beneficio de los subsectores que forman el sistema argentino, vale decir el estado, la burocracia sindical
y los capitalistas que por otra parte han reconcentrado la oferta de servicios
constituyendo un oligopolio que impone las condiciones al estado, obteniendo
aumentos enormes en las ganancias producidas por el cobro de los servicios a
sus afiliados.
La clave del problema
es el negocio capitalista de la salud y es hacia allí donde debemos dirigir
nuestra denuncia y nuestra propuesta de salida, que es obviamente un cambio en
las relaciones sociales, un cambio en la organización social, bajo la
conducción de un gobierno de trabajadores.
No hay ninguna
expectativa y resulta falso promocionar la posibilidad de asistir el reclamo de
la enfermería sin una lucha a fondo contra la burocracia sindical.
El régimen social es
el límite para acceder a reivindicaciones que solo se producirían en un
escenario de confrontación y avance de las luchas que cuestionaran a fondo el
negocio de la salud.
La ausencia de una
caracterización del negocio capitalista de la salud y una delimitación con el
nacionalismo de contenido burgués, retrotrae la discusión a la consigna de
“Volver a Carrillo”, sostenida por el kirchnerismo, que reclamaba entre otras
cuestiones, la producción pública de medicamentos sin desconocer la ley de
patentes y los límites impuesto por la OMC.
El slogan de la
atención primaria ha sido sostenido por todo el arco político, desde los
privatizadores hasta los progresistas y la izquierda, obedeciendo al dictamen
de Alma Ata en 1978.
De no mediar un
cambio en la organización social, el colapso sanitario será un episodio más,
del derrumbe capitalista.
Luis Trombetta
22/07/19
