sábado, 15 de febrero de 2014

La capital del ajuste

El macrismo ha emprendido un ajuste en toda la línea.
El despido de los profesionales de salud  y el recorte del número de suplencias, dejó en evidencia la flexibilización laboral a través de la modalidad de cargos no efectivos para la cobertura de distintos programas operados desde el SAME.
El recorte también afectó a los profesionales que cumplían tareas en hospitales en los que se empleó mano de obra informal, para cubrir puestos que debieron ser titularizados a través de selecciones internas o concursos abiertos.

De la flexibilidad a la arbitrariedad del despido, medió la sanción de la Resolución 1657/13 por la que el gobierno porteño redujo el número de partidas de suplencias. En la práctica, despidos encubiertos y reducción de personal, cierre de programas y disminución de planteles, que reducen la oferta de atención de la salud pública.
La maniobra contó con el silencio cómplice de la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales.

No solo la salud sufre el ataque macrista. 
La inscripción on line para el ingreso a la escuela pública, mostró su verdadero carácter, dejando afuera a más de 7000 chicos que no tienen garantizado el acceso a la escuela.

El gobierno de la CABA se suma al ajuste.

Macri propone llevar el precio de un viaje en subte a 4,5 pesos y crear una escala discriminatoria que ajustará el precio de acuerdo al número de viajes.
El ejecutivo porteño aumentó 40% el ABL con el visto bueno de la Legislatura y achica el presupuesto de salud, expulsando a sus trabajadores, jamás reconocidos en las estructuras hospitalarias.

Los trabajadores de la salud de los hospitales y centros de salud de la CABA han expresado su repudio al ajuste macrista. La asamblea y radio abierta realizada el 30/01 a las puertas del Hospital Moyano, que se encuentra intervenido (luego de la renuncia del director que se negó a aplicar la resolución 1657), dio paso a una convocatoria a los trabajadores de la salud y de la educación y a las familias que tienen negado el inicio escolar de sus hijos. 
En el mencionado acto Marcelo Ramal (PO-FIT), denuncio al PRO de haber cerrado la cortina de la Legislatura en el marco de la presente crisis e instó a los legisladores presente del bloque de UNEN, MST y FPV a reclamar la convocatoria de una sesión especial para dar respuesta a la crisis eléctrica, la falta de vacantes y el ajuste en salud.

En un escenario de creciente carestía, inflación y desvalorización del salario del trabajador por la profunda devaluación que aplicó el gobierno nacional, la defensa de la salud pública, de la educación pública y de las familias que acuden al hospital y a la escuela pública, la lucha por el aumento del salario es impostergable. 
Sin salarios suficientes no hay ni escuelas ni hospitales públicos.
Para combatir el ajuste es necesario defender los puestos de trabajo, el salario de sus trabajadores y a la comunidad que asiste a la escuela y al hospital público.
La devaluación de la moneda, el anuncio del índice de precios al consumidor (3,7 para enero/14) y la proyección de la inflación anualizada no admite demorar las paritarias.
Menos aún, ponerles un techo de antemano y pretender el pago en segmentos.

El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, anticipó que la Ciudad piensa otorgar un aumento salarial del 23 por ciento a sus empleados, en "dos o tres" cuotas, a lo largo de todo este año (15/02) http://www.ambito.com/noticia.asp?id=728172
Este planteo del gobierno es inadmisible.
El Banco Ciudad en su informe semanal 272, anuncia que las expectativas inflacionarias se encuentran fuera de control, por encima del 30%.
¡Y pretenden cerrar la paritaria con un aumento 7 puntos por debajo de la inflación que el propio Banco proyecta…para todo el año!

Mientras que la burocracia arregló un adelanto no remunerativo para febrero y marzo (1300 para los profesionales de la Carrera y 900 para residentes), el macrismo ya marcó la cancha.
Si los trabajadores no defendemos el salario, poco podemos esperar de la burocracia sindical.

Es la hora de unificar los reclamos con los sectores de la educación porteña.
La paritaria docente, tanto a nivel nacional (cargo testigo para el maestro de grado en un turno) como el acuerdo que se imponga en la ciudad, serán referencia para el acuerdo de salud.

Debemos exigir que el gobierno de la Ciudad cumpla con la medida cautelar dictada por la jueza Patricia López Vergara del Juzgado Número 2, de no innovar y la inmediata suspensión de los efectos de la Resolución 1657/13.
La derogación de la Resolución 1657/13, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos, la efectivización en sus puestos de trabajo y el concurso para todos los puestos vacantes en los hospitales y centros de salud de la CABA.
El pago de los salarios no abonados a los trabajadores despedidos, sin quitas ni reducciones salariales.

Que el gobierno de la Ciudad garantice la inmediata inscripción de todos los niños que ingresarán a la escuela pública.
Paritarias con delegados paritarios elegidos en asambleas con mandatos votados por las bases.
Aumento salarial de emergencia (30% para todas las categorías).
Terminar con los ítems no remunerativos. Blanqueo de todas la sumas no remunerativas.
Que el impuesto a la 4ª categoría (Impuesto a las Ganancias) lo absorba el Gobierno de la Ciudad.
Un salario de bolsillo de 12000 pesos para la categoría inicial (cargo de 30 horas semanales en planta).

Desarrollar la unidad de todo el movimiento de los trabajadores de la salud porteña.
Unificar los reclamos con los trabajadores de la educación.

Ganar la calle contra el ajuste.

Luis Trombetta

14/02/14

miércoles, 12 de febrero de 2014

Sesión especial de la Legislatura porteña

La Nación
12.02.2014

La oposición logró una sesión especial para discutir la falta de vacantes


Así lo confirmó a LA NACION el legislador de Frente de Izquierda Marcelo Ramal; sería la semana próxima; piden debatir proyectos para dar marcha atrás con el sistema que impulsó Macri; peligra el comienzo de clases
El déficit de vacantes para alumnos en la Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo capítulo: la oposición logró mediante junta de firmas de todos los bloques que se convoque a una sesión especial para discutir lo que entienden como una "crisis de la educación".
Así lo confirmó a LA NACION, el legislador por el Frente de Izquierda Marcelo Ramal. Dijo que ayer en la asamblea de padres y docentes se trató el tema de la falta de vacantes y también allí se brindó apoyo total para pedir que la legislatura se ocupe del problema que afecta a la comunidad educativa porteña.
Este año, el gobierno de Mauricio Macri instrumentó un sistema de inscripción online que generó problemas de vacantes: según cifras oficiales el problema es con 7000 chicos; la oposición estima que la cifra se extiende a 12.000 porque no se limita sólo al nivel inicial, sino que afecta al nivel medio, sobre todo en escuelas técnicas y normales.
"Coincidimos en la necesidad de una sesión extraordinaria. Nuestro bloque inició la junta de firmas de diputados para proponer que la legislatura intervenga. Ya se reunieron las firmas necesarias para llevarla a cabo", dijo. Precisó que se necesitan 20 firmas para convocar esta sesión especial.
Apoyaron esta medida legisladores del Frente de Izquierda, del kirchnerismo, de UNEN y del MST. También pidieron una reunión con Graciela Ocaña para que suscriba el pedido y así sea completamente plural. "Estamos conversando la fecha de este pedido de sesión especial. Será para los primeros días de la semana que viene", estimó Ramal.
El temario será la crisis de la educación por la falta de vacantes. El legislador anticipó que hay en agenda varios proyectos para resolver este problema. Uno intenta revisar todas las inscripciones y abrir las escuelas en febrero a la inscripción manual, además de realizar una auditoría de todos los registros informativos y telefónicos para saber cuál fue la demanda del sistema. Además, apuntarán a poner a disposición de las vacantes faltantes toda la infraestructura edilicia de la Ciudad para que nadie se quede sin banco.
El gobierno porteño anunció a fines de enero que apuraría la instalación de "aulas móviles" en nueve escuelas públicas. Se trata de 41 unidades prefabricadas removibles por las que se pagaron 24 millones de pesos y que generarían 1377 vacantes. "Las aulas containers son una solución improvisada, cara y negativa para los chicos", criticó Ramal.
Según el legislador, pese a esta situación conflictiva, no se debería afectar el ingreso de clases y espera que la situación se resuelva en breve.
Fuentes del gobierno porteño, que pidieron reserva de su identidad, reconocieron a LA NACION que existe la posibilidad de que se retrase el ingreso de las clases. En lugar de iniciarse el ciclo lectivo el 26 de febrero como estaba previsto, se pasaría al 5 de marzo. En este momento están reunidos los gremios con el ministro de Educación Esteban Bullrich.

domingo, 2 de febrero de 2014

PRO.GRE.SAR: confesión de una década fracasada o populismo tardío para tapar el ajuste

El gobierno nacional ha anunciado un nuevo plan de transferencia de ingresos para jóvenes “que no estudian ni trabajan”, que consiste en una asignación de $600 mensuales con el objeto de promover la continuidad de los estudios. El anuncio con bombos y platillos, fue no sólo una decepción para los jóvenes y quienes trabajamos con ellos, sino, lamentablemente, una pretendida cortina de humo para contener el descontento que generaría, 12 horas más tarde, la mayor devaluación del peso desde 2002.

La miseria de la política social

El nuevo plan, que está destinado al sector más precarizado de los jóvenes trabajadores, adolece, en primer lugar, de la misma limitación que su antecesora la AUH: el monto de asignación mensual de 600 pesos no cubre ni las necesidades más básicas. Incluso la mentirosa canasta básica del INDEC ascendía a $577 por persona en diciembre, antes del último aumento de precios, mientras que algunos sindicatos la estiman entre $8.500 y $9.500. De todas formas, este nuevo plan no modifica las oportunidades con que cuentan los jóvenes, dado que ya existe, desde hace 5 años, otro plan, el “Jóvenes por más y mejor trabajo”, destinado a la misma población y con similares características.

Pero lo más grave es que el proceso devaluatorio diluirá más temprano que tarde el escaso poder de compra de este beneficio. Sin ir más lejos, su valor en dólares descensió de u$s 84 al momento de su anuncio, a u$s 75  al día siguiente. Para quien debe aportar un ingreso al hogar, este subsidio no representa oportunidad de progreso alguna. Pero además, esta fuerte devaluación indica que el gobierno ha encarado màs decididamente el camino del ajuste, por lo que esta situaciòn sòlo podrá empreorar.

Por otro lado, se anunció que todos los jóvenes con hijos pequeños accederán a jardines maternales a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para permitir la concurrencia a clases, lo cual sería sin dudas deseable, aunque muy poco probable si consideramos que el MDS no provee de vacantes siquiera a los hijos de sus propios empleados. El movimiento estudiantil y docente reclama desde hace tiempo jardines maternales carcanos a las escuelas para facilitar el estudio y el trabajo, reclamo que hasta el momento no ha tenido eco en el Ministerio de Educación.

Nos permitimos, entonces, al menos desconfiar de la eficacia que pudiera tener un plan de estas características en la reinserción educativa y el cuidado de la salud. Como antecedente, puede consultarse el estudio de impacto de la AUH de la UBA, apoyado por el propio Ministerio de Educación, que indica que, a noviembre de 2011, el 82% de las escuelas primarias y el 71% de las secundarias no registraban que ningún niño hubiera reingresado a la escuela luego de haberla abandonado, por percibir la asignación. La educación y la salud son un derecho, así como lo son la alimentación, la vivienda y el vestido: convertir a uno en requisito para el ejercicio de otro es un vil mecanismo de culpabilización de la pobreza. Para ejercer derechos se requieren servicios de calidad y oportunidades reales, de ninguna manera requisitos.

Confesión de una década perdida para la juventud trabajadora

El anuncio resultó una verdadera confesión: a más de 10 años de gestión K, a pesar de la "profundización del modelo" y de los planes implementados, hay 1.550.0000 jóvenes que no estudian ni trabajan, o si lo hacen se les paga en negro, y en cuyas familias nadie supera un sueldo de 3600 pesos. La recuperación económica se montó sobre el “modelo” del trabajo precario y no registrado, y hoy tenemos estos resultados mientras los empresarios “se la llevaron en pala”, según palabras de la misma presidenta.

La novedad de que esta vez el dinero no provendrá de la ANSES admite lo que muchos denunciamos a lo largo de estos años respecto de la AUH: una reasignación de fondos de un sector de trabajadores (jubilados) a otro sector de trabajadores (desocupados o jóvenes) no es y nunca fue una medida de redistribución de la riqueza.

No es un problema cultural

Anticipándose a las críticas, el gobierno ensayó una explicación que lo exime de responsabilidades ante el 18,2% de desocupación: estos jóvenes serían los hijos del neoliberalismo, a quien nadie inculcó la “cultura del trabajo”. Pero además de la inconsistencia de tal afirmación con el calendario, resulta impensable que un problema de tal magnitud se explique a partir de una variable cultural, cuando durante toda esta década han sido los jóvenes y los desocupados en general quienes han encabezado la lucha por trabajo genuino, contra el trabajo en negro y mal pago.  

La juventud es uno de los sectores más desprotegidos por este modelo económico, que precarizó su educación, su salud y su trabajo a través del deterioro de la escuela y la salud públicas, las pasantías, la tercerización y la tolerancia oficial hacia los empresarios negreros y la burocracia sindical devenida empresaria ella misma haciendo negocios con el propio Estado.

Los trabajadores sociales, nosotros mismos, debemos atravesar luego de recibirnos, las más diversas y precarias formas de contratación, con sueldos de la mitad de los de planta permanente, para acceder a trabajar en el Estado, ante la inexistencia de concursos públicos para ocupar los puestos de trabajo.

A pesar de ellos, la juventud es también el sector que más ha avanzado en la lucha por sus condiciones de vida, de estudio y de trabajo: los jóvenes que recuperaron la FUBA y gran cantidad de comisiones internas en los sindicatos son los hijos de la rebelión del 2001. Entre los trabajadores sociales, la composición de la lista que recuperó el Consejo Profesional de la C.A.B.A. demuestra esta tendencia.

Con devaluación no se progresa

Si fuera intención del Estado “hacer todo lo posible para apoyar a los jóvenes”, el camino es claro, y opuesto al del ajuste en marcha:

Por infraestructura para la escuela pública, apertura de nuevos establecimientos y becas para los estudiantes

Derogación de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Eduación Superior que devaluan los contenidos de la escuela y la universidad

Basta de trabajo en negro, todos los trabajadores bajo convenio, con acceso a días de estudio por examen y todos los derechos conquistados

Ningún despido: reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para crear más puestos laborales.

Salario igual a la canasta familiar para todos los trabajadores, los jóvenes y sus padres, con indexación automática por inflación 

Trabajadores Sociales en Lucha.

 Partido Obrero + Independientes