Publicado en El Descamisado Nº 44.
“Por qué hay que romper el Pacto Social”
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NUEVE MESES DESPUÉS: EL PARTO DEL PACTO
A nueve meses de vigencia del pacto social la situación de los trabajadores ha vuelto a empeorar. Hoy el salario real es similar al de comienzos de 1973, y la situación comienza a agravarse por la crisis en el abastecimiento. Los responsables de esta crisis de abastecimientos son los sectores empresarios afectados por el pacto: la oligarquía rural y la intermediación comercial.
Las expectativas populares de democratización económica se van frustrando. Las exigencias de los trabajadores por obtener mejores condiciones de trabajo y un mayor control sobre sus organizaciones representativas se enfrentan a la alianza de la patronal con los burócratas sindicales que utilizan todos los medios para impedirlo. Desde el terror contra los activistas hasta el despido selectivo de los que molestan a la gerencia de personal. Con la excusa de la “reconstrucción” las patronales exigen mayores ritmos de producción y compensan con la mayor productividad los mínimos aumentos otorgados.
Allí donde la lucha fue organizada y consecuente los trabajadores lograron algunas mejoras en las condiciones de trabajo y en algunas grandes empresas aumentos del 5 ó 6 % en sus sueldos. Pero los mismos se alcanzaron luchando y no como una concesión por parte de empresarios con sentido social. Los triunfos de Molinos Río de la Plata, Adamas o Delcarlo se compensan con victorias patronales logradas con la complicidad de las direcciones sindicales claudicantes que obligaron a aceptar mayores ritmos de producción o la famosa semana de ocho días (seis de trabajo corridos y dos francos) que tantos resultados dio a los mismos patrones en Estados Unidos o Europa.
Para completar este esquema de política económica la nueva legislación represiva se esgrime como amenaza contra las comisiones internas combativas y contra las reivindicaciones obreras. Porque la legislación penal es la otra pata del pacto social. Este se sustenta no sólo sobre las medidas de política económica sino también sobre la nueva ley de asociaciones profesionales y sobre el nuevo código penal. El proyecto es coherente y terminará necesariamente en una derrota popular peor que la del 55 si no se revierte desde ahora. Porque esta política económica unida a la desmovilización de las masas y a la afirmación del poder burocrático sólo sirve para desarmar al pueblo y permitir el fortalecimiento de un sector empresario, que más allá de algunas escaramuzas “nacionalistas” en materia de convenios internacionales, ya está negociando un nuevo estatuto dependiente, y que en ese mismo “nacionalismo económico” del que tanto se jacta se cuida mucho de reservar una buena parte de los negocios a monopolios imperialistas como los de la industria automotriz.
La burocracia sindical apoya al “pacto empresario” frenando la lucha y la movilización, defendiendo a los patrones y acusando de subversivo a todo aquel que se atreva a reclamar mejores salarios o condiciones de trabajo, y también utilizando una bandera popular como son las paritarias cuando sus patrones imperialistas trataron de recuperar parte del poder perdido en la fijación de la política de precios y salarios. Esta maniobra fue frenada entonces por Perón, pero los imperialistas la superaron haciendo ingresar la Unión Industrial Argentina a la CGE.
Hoy la denuncia del pacto social, peleando salarios, condiciones de trabajo y democracia sindical es la mejor herramienta para defender al gobierno popular. Mientras la defensa obsecuente del mismo es el instrumento utilizado por el imperialismo para minar desde dentro las defensas del gobierno y del movimiento peronista como paso previo para el asalto al poder.
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