martes, 12 de febrero de 2013

Rodrigazo en Venezuela, los K ponen las barbas en remojo

Rodrigazo en Venezuela, los K ponen las barbas en remojo

Recordando el Pacto Social de Perón y la CGE y la posición de la JP y la Tendencia Revolucionaria del peronismo


No aprendieron nada.

Publicado en El Descamisado Nº 44.
“Por qué hay que romper el Pacto Social”
Disponible en 

NUEVE MESES DESPUÉS: EL PARTO DEL PACTO

A nueve meses de vigencia del pacto social la situación de los trabajadores ha vuelto a empeorar. Hoy el salario real es similar al de comienzos de 1973, y la situación comienza a agravarse por la crisis en el abastecimiento. Los responsables de esta crisis de abastecimientos son los sectores empresarios afectados por el pacto: la oligarquía rural y la intermediación comercial.
Las expectativas populares de democratización económica se van frustrando. Las exigencias de los trabajadores por obtener mejores condiciones de trabajo y un mayor control sobre sus organizaciones representativas se enfrentan a la alianza de la patronal con los burócratas sindicales que utilizan todos los medios para impedirlo. Desde el terror contra los activistas hasta el despido selectivo de los que molestan a la gerencia de personal. Con la excusa de la “reconstrucción” las patronales exigen mayores ritmos de producción y compensan con la mayor productividad los mínimos aumentos otorgados.
Allí donde la lucha fue organizada y consecuente los trabajadores lograron algunas mejoras en las condiciones de trabajo y en algunas grandes empresas aumentos del 5 ó 6 % en sus sueldos. Pero los mismos se alcanzaron luchando y no como una concesión por parte de empresarios con sentido social. Los triunfos de Molinos Río de la Plata, Adamas o Delcarlo se compensan con victorias patronales logradas con la complicidad de las direcciones sindicales claudicantes que obligaron a aceptar mayores ritmos de producción o la famosa semana de ocho días (seis de trabajo corridos y dos francos) que tantos resultados dio a los mismos patrones en Estados Unidos o Europa.
Para completar este esquema de política económica la nueva legislación represiva se esgrime como amenaza contra las comisiones internas combativas y contra las reivindicaciones obreras. Porque la legislación penal es la otra pata del pacto social. Este se sustenta no sólo sobre las medidas de política económica sino también sobre la nueva ley de asociaciones profesionales y sobre el nuevo código penal. El proyecto es coherente y terminará necesariamente en una derrota popular peor que la del 55 si no se revierte desde ahora. Porque esta política económica unida a la desmovilización de las masas y a la afirmación del poder burocrático sólo sirve para desarmar al pueblo y permitir el fortalecimiento de un sector empresario, que más allá de algunas escaramuzas “nacionalistas” en materia de convenios internacionales, ya está negociando un nuevo estatuto dependiente, y que en ese mismo “nacionalismo económico” del que tanto se jacta se cuida mucho de reservar una buena parte de los negocios a monopolios imperialistas como los de la industria automotriz.
La burocracia sindical apoya al “pacto empresario” frenando la lucha y la movilización, defendiendo a los patrones y acusando de subversivo a todo aquel que se atreva a reclamar mejores salarios o condiciones de trabajo, y también utilizando una bandera popular como son las paritarias cuando sus patrones imperialistas trataron de recuperar parte del poder perdido en la fijación de la política de precios y salarios. Esta maniobra fue frenada entonces por Perón, pero los imperialistas la superaron haciendo ingresar la Unión Industrial Argentina a la CGE.
Hoy la denuncia del pacto social, peleando salarios, condiciones de trabajo y democracia sindical es la mejor herramienta para defender al gobierno popular. Mientras la defensa obsecuente del mismo es el instrumento utilizado por el imperialismo para minar desde dentro las defensas del gobierno y del movimiento peronista como paso previo para el asalto al poder.

sábado, 9 de febrero de 2013

Informe semanal del Banco Ciudad: contra la inflación perdieron los salarios


A confesión de parte, salarios de prueba.

El Banco de la Ciudad nos informa esta semana que la inflación superó el crecimiento de los salarios.
Lejos de ser un hallazgo, una revelación, es una confesión de parte que no necesita aclaración. Basta con mirar la escalada de precios para sufrir la pérdida del poder adquisitivo del salario.
En este escenario, la Federación de Profesionales del GCBA, pactó un adelanto de 600 pesos para los profesionales que se desempeñan en el área de salud del GCBA.
Nuevamente un acuerdo pactado entre la cúpula sindical y los funcionarios de la Ciudad, sin mediar asamblea que apruebe ni explicaciones sobre el acuerdo.
Difundieron una escueta nota y listo.
Ahora esperamos el acuerdo que firme la AMM, que mantiene un cerrado silencio sobre el tema salarial y que como es histórico, se anuncia sin aprobación previa de las bases.
Transcribo dos párrafos del informe del Banco Ciudad y el acceso al informe completo.
Luis Trombetta


El crecimiento de los salarios durante el año 2012 fue superado por la tasa de inflación. Según el INDEC, las remuneraciones promedio de la economía aumentaron un 24,5% a/a en diciembre, 4,9 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2011, mostrando una convergencia con las mediciones privadas de inflación, que -en sentido opuesto exhibieron una persistente aceleración a lo largo del año pasado.

Por su parte, los salarios de los trabajadores del sector público continúan siendo los más rezagados. De acuerdo a la medición del INDEC, la tasa de crecimiento de estas remuneraciones representa prácticamente la mitad de la de los salarios privados no registrados (17,8% anual), acumulando un deterioro de 6 puntos porcentuales en términos reales frente al 2011 (aunque mediciones alternativas, como las del SIPA, capturan subas mayores en el caso del sector público).

Puede ver el Informe Económico Semanal del Banco Ciudad en:

El resumen y los contenidos se presentan a continuación:

LA SEMANA EN POCAS PALABRAS

Con bombos y platillos la semana pasada el Ministerio de Economía anunció una recaudación récord de $65.683 millones en enero 2013. Si bien, a priori, una primera lectura del dato puede resultar auspiciosa, el monto recaudado se expandió sólo un 24,3% interanual (a/a), por debajo del registro de diciembre (27%) y del promedio de 2012 (26%). Asimismo, descontando la inflación, la recaudación cayó un 1,3% en términos reales, otro indicio más de que la recuperación económica iniciada en el tercer trimestre resulta todavía demasiado endeble.
A nivel desagregado, lo recaudado por los distintos impuestos deja entrever algunas tendencias económicas recientes. Por un lado, entre los tributos más dinámicos continuó ubicándose el impuesto a las ganancias, con un alza del 32%, superior a la media, aunque menor a la del tramo final de 2012 (42%). Esta desaceleración respondió, al menos en parte, a la excepción del pago de este impuesto por el medio aguinaldo a las personas físicas, dispuesta por decreto en medio de la puja política entre el gobierno y los sindicatos.
Por otro lado, los impuestos ligados al nivel de actividad mostraron un virtual estancamiento, si se descuenta el efecto de la suba de precios. En enero, la recaudación total por IVA (neta de devoluciones) registró un crecimiento nominal del 26% a/a, en línea con el alza del IPC-Congreso.
Los derechos de exportación, por su parte, disminuyeron un 36%, experimentando su segundo mes consecutivo de caída, influidos tanto por las menores ventas de productos industriales como por una errática política de autorización de exportaciones agrícolas por parte de las autoridades gubernamentales. En tanto, los derechos de importación mostraron su mayor crecimiento en casi 2 años (43% a/a), señalando cierta relajación de las trabas al ingreso de productos importados.
Finalmente, en un contexto de alta inflación como el actual, la suba de precios no ayuda solamente a sostener la recaudación tributaria. Si se considera a la inflación como un gravamen sobre las tenencias de dinero de las personas, se puede obtener el monto del denominado “impuesto inflacionario”, un tributo del cual no llega una boleta todos los meses, pero que tiende a erosionar periódicamente los ingresos de la población. Actualmente, este “impuesto” (apropiado por el gobierno a través de la emisión de dinero) representa algo más de 2% del PIB, cerca de $50.000 millones anuales, un monto comparable a lo recaudado por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y similar a lo recolectado por los impuestos a los Bienes personales, Combustibles y Derechos de importación en su conjunto.
El problema es que se trata de un impuesto altamente regresivo. La carga del impuesto inflacionario puede ser eludida –al menos parcialmente- en la medida que las personas sustituyan sus saldos monetarios por otros activos financieros que logren ofrecer cierta protección contra la inflación. Pero, como es sabido, la capacidad de sustituir el dinero por otros activos no es igual para todos los individuos: las personas con mayores ingresos están generalmente en mejores condiciones de acceder a fuentes alternativas de inversión de su dinero que individuos con menores recursos, ya sea a través de depósitos a plazo fijo o inversiones en activos financieros más sofisticados, como bonos y acciones, compensando –al menos en parte- los efectos nocivos de la inflación.
Por otro lado, para tener una idea de las magnitudes que representa el impuesto inflacionario en la vida cotidiana de cualquier ciudadano, en el presente informe presentamos el ejemplo de una persona con un ingreso mensual de $8.000 y un ahorro en una cuenta bancaria de $20.000. Con una inflación del 2% mensual como la actual, esta persona está viendo erosionar regularmente sus saldos monetarios en $480 mensuales ($ 5.760 anuales). Se trata de un monto no menor comparado con lo que habitualmente representa en los ingresos familiares el pago de algunos servicios, tales como luz (aproximadamente $ 180 mensuales), gas ($80), teléfono ($130), tv por cable ($170) o las expensas de un departamento ($800). Cada lector podría (y debería) realizar el cálculo de cuánto abona por este tributo, invisible, pero lamentablemente presente.

CONTENIDOS

  • Recaudación tributaria: record nominal (caída real) (pág.2)
  • Salarios: perdiendo la carrera contra la inflación (caída real) (pág.5)
  • La Marcha de los Mercados (pág.7)
  • Estadístico (pág.8) 

lunes, 4 de febrero de 2013

Insultos

Dijo Jorge Asís: es fascismo precario.
Quien alguna vez entretuvo con historias publicadas en Clarín, bajo el pseudónimo de Oberdan Rocamora, autor de “La Manifestación” y otros cuentos, Flores robadas….hoy sentenció: "Marcar la cancha. Soy opositor frontal del cristinismo. Pero nada tengo que ver con el fascismo espiritual de los desesperados. "Gente podrida". Desesperadamente enojada y con iniciativas anárquicas. Producto de la carencia de representación política. ¿No será que habrá que generar la representación política? ¿Que lo que se ofrece en el mercado opositor no sirve para un pepino?"
Es posible que quienes abuchearon a Kicillof y a Boudou, no tengan una identificación política definida.
O todo lo contrario, es posible que sí la tengan.
En todo caso es una especulación sin sentido, ya que nunca lo sabremos.
Sin embargo, el acontecimiento es una expresión política, aunque no se manifieste como una crítica política, de contenido político, y solo haya sido una seguidilla de insultos o silbidos y abucheos.
En todo caso, el insulto (que no es una categoría política), expresa el temperamento crispado, una respuesta rápida a un estímulo que la dispara.
Asís dice que es opositor pero señala que no hay oposición que sirva.
Parece una reflexión y un llamado para los propios.
“Gente podrida y con iniciativas anárquicas”.
Asís también califica. Adjetiva.
Tomo las palabras de Asís, a manera de ejemplo.
Se alzan las voces desde noticieros y periodistas que repudian el escrache.
Parece que el problema es de contenido moral.
Kicillof, acompañado de sus hijos y esposa, sufrió el acoso de una barra que no era brava pero que aprendió de las hinchadas a maltratar con el insulto.
Boudou se defendió como pudo desde una tribuna oficial, mientras los silbidos llenaban el aire.
¿Es verdaderamente un problema moral?
En mi opinión es un problema político y el repudio a los nombrados expresa la crispación.
Será reducida, en un ámbito limitado, no representativa, pero así ocurrió.
No vale la crítica moralizadora oficialista ni tampoco opositora (más allá de Asís), en un país donde se ventila el asesinato político de Mariano Ferreyra y la masacre de Once oculta la trama de un vaciamiento que tiene como partícipe necesario a los funcionarios del estado.
No existe la moral en abstracto.
Todo lo contrario, la moral se funda en un contenido político ideológico certero.
No convalido el insulto, pero no quiero sumarme a los corifeos que pretenden resguardar las investiduras con discursos que exigen un buen comportamiento del público.
En las hinchadas no hay buenos tratos, hay voces de mando y disciplina. Bien lo sabe el gobierno que organizó a Hinchadas Unidas Argentinas.
Declaro nuevamente: el insulto es ajeno a la discusión política. Distrae de la política. Despolitizando la crítica, desnuda su carácter reaccionario.
Hay que politizar la discusión y darle un contenido de clase.
Superemos los insultos.
Levantemos el programa y nuestras consignas.
La salida es por izquierda.
Luis Trombetta

AGD denuncia


El robo del 4,5% perpetrado por la CAJA complementaria

El Rectorado extiende la confiscación salarial a todos los docentes
Cuando nos fuimos de vacaciones en diciembre, a más de un tercio de los docentes de la UBA nos descontaron el impuesto a las ganancias sobre el salario y el aguinaldo.
A la vuelta de las vacaciones nos dimos cuenta por el cajero que cobramos menos que el año pasado. Esta vez no fue por el impuesto a las ganancias sino porque la UBA, unilateralmente, dispuso rebajarnos el 4,5% sobre el sueldo bruto. De ahora en más y pretenden para siempre.
Esto irá a engrosar una CAJA manejada por el Ministerio de Educación, Ctera, Uda, Sadop y Amet, sindicatos que nada tienen que ver con la actividad universitaria.
Nosotros ya pagamos por nuestra jubilación un 2% extra todos los meses para percibir el 82% móvil. No necesitamos ningún complemento y menos un saqueo de nuestro salario.
Este saqueo es de por lo menos 80 millones durante este año. Una cifra astronómica pagada por todos nosotros.
Desde la dictadura -porque el convenio entre la CAJA y la UBA se firmó en ese entonces por los interventores de turno-, los docentes vemos confiscado nuestro salario en un 4,5% cuyo destino es completamente oscuro.
A fines del año pasado, una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) llegó a relevar  desfalcos escandalosos y millonarios por parte de sus directores sindicales y una total falta de control de los fondos millonarios que maneja la CAJA.
La AGD ha denunciado a la CAJA por sobradas razones.
Se desconoce el destino y los supuestos beneficios de esta exacción mensual de 4,5% del salario docente.
Lo manejan representantes que no rinden cuentas ante nadie de los fondos que cada docente aporta.
Y, finalmente, tras la conquista de la Ley 26.508, los docentes universitarios aportamos el 2% para contribuir al 82% móvil de nuestros haberes jubilatorios. Es decir, somos los trabajadores del país que más pagamos por nuestra jubilación: el 11%, más el 2%, más el 4.5% de la CAJA. Si ya conquistamos por ley el 82% móvil, ¿qué suma adicional vendría a compensar la CAJA que nos incauta 4,5% del salario cada mes? Ninguna.
Una barbaridad, en todos los sentidos.
La AGD denuncia este robo al salario de los 30 mil docentes de la UBA perpetrado por la CAJA.
Llevaremos esta denuncia al seno del Consejo Superior en su primera sesión.
Reclamamos que suspendan inmediatamente todos los descuentos y se haga el reintegro correspondiente a quienes nunca se hayan afiliado voluntariamente o hayan manifestado su voluntad de desafiliarse.
Llevaremos adelante las medidas gremiales, judiciales y políticas que sean necesarias, incluyendo también al Ministerio de Educación (tres de cuyos representantes dirigen la CAJA) y a los sindicatos, con otros cuatro representantes que se enriquecen con el robo de nuestro salario.
Hacia fines de febrero convocaremos a una asamblea docente para definir colectivamente un plan de acción.

No a la confiscación salarial
No, a la CAJA
Plena vigencia de la ley 26.508. 82% móvil y derecho a opción hasta los 70 años.
AGD UBA

sábado, 2 de febrero de 2013