Nuestra crítica al programa de los 22 puntos

El 5 y 6 de noviembre se reunió el Foro Salud y Sociedad en el IMPA.
Organizado por el Foro y la Asociación de Profesionales en Formación (residentes y concurrentes de salud del Gobierno de la Ciudad), durante la primera jornada, luego de la presentación y de la mesa de apertura (“Sistema de salud, una deuda política”), distintos panelistas participaron de las mesas de discusión por los “22 puntos por la salud de la República Argentina”.
El 6 deliberó la “Asamblea por la salud de la Ciudad de Buenos Aires” y allí participamos del debate en el que expusimos nuestra posición sobre los 22 puntos.

Los 22 puntos fueron elaborados por el Foro Social de Salud y Medio Ambiente de la
Argentina y pueden ser consultados en
http://www.unesco.org.uy/shs/redbioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Documento_PRELIMINAR_Bicentenario_-_22_Puntos_por_la_Salud_en_Argentina_---_Julio2010_1_.pdf.

A nuestro turno, señalamos que Tribuna de Salud sostiene en referencia al primer punto “salud colectiva” que frente a las insatisfechas necesidades sanitarias del pueblo, luchamos por un sistema de salud pública único, de acceso universal, gratuito, al servicio de las masas que hoy se ven privadas de una salud que responda a sus necesidades, y que se encuentre dotada de presupuesto, recursos tecnológicos, profesionales y edilicios y que ese sistema debería estar bajo el control de los trabajadores y de sus organizaciones gremiales y sociales, en el curso de una profunda movilización social orientada a construir una organización social sobre nuevas bases. Porque todas las variantes capitalistas que gobernaron, incluida la del seudo nacionalismo que inspira al régimen de gobierno actual, se han sometido sin excepción, a las políticas de privatización de la salud y abandono de la salud pública estatal pregonadas por el Banco Mundial.

En el curso de la crisis económica internacional que pauperiza a trabajadores y jubilados, que los expulsa de los sistemas de salud y de sus viviendas, que impone planes de ajustes económicos dirigidos a salvar a los capitalistas, a sus estados, a sus empresas y a sus bancos, los estrategas del Foro proponen financiar el sistema de salud desde las rentas generales llevando la inversión pública a los niveles recomendados por la OMS (más del 6% del PBI). Propuesta engañosa, si no se acompaña de la denuncia de que el régimen K, va en sentido contrario: mete mano en las reservas del Banco Central y en el ANSES para pagar a los fondos buitre y subsidiar a los capitalistas. Y está embarcado en un proyecto de ‘Pacto Social’ que significa, ajuste de gastos sociales y de salarios a empleados públicos, maestros y jubilados. Para elevar la inversión pública en salud, o en educación, hay que frenar la política antisocial en curso.
Además lo que no dicen los seudo progresistas que proponen este sistema de financiamiento, es que las rentas generales incluyen el IVA que grava el consumo popular de productos de primera necesidad y que en el caso de Ganancias, castiga a asalariados que gracias a la política del kirchnerismo de mantener atrasada la actualización del mínimo no imponible, los incluye como si fueran grandes contribuyentes. Sectores asalariados que realizan horas extras (particularmente en los hospitales de la CABA) para mejorar sus ingresos, superan ese mínimo y tributan parte de la explotación laboral a la que son sometidos.

Tribuna de Salud propone financiar la salud aumentando el impuesto al capital, a los exportadores que se benefician con un tipo de cambio que les garantiza una mayor extracción de ganancia y al propio gobierno que absorbe dólares para el pago de la deuda externa usuraria.

El superávit fiscal ha desaparecido si se tienen en cuenta los vencimientos de deuda y la deuda con los juicios de los jubilados. Y lo que hay en cuenta corriente, como el superávit comercial (comercio internacional) del que se ufana al gobierno kirchnerista, no financia la salud de los pobres sino que garantiza el pago de la deuda al FMI y a los organismos internacionales acreedores.

Los autores de los 22 puntos evitan concientemente el análisis de la crisis capitalista internacional y lanzan la consigna de “Volver a Carrillo”, ilusionando al auditorio con el regreso del nacionalismo de contenido burgués de la etapa del aumento de la inversión en el hospital público, siendo que el actual es el heredero del menemismo, con privatización de las áreas públicas y entrega de los recursos naturales al gran capital financiero, de la mano de las burocracias sindicales y de las patotas contra los reclamos populares.

La impostura alcanza el cenit cuando proponen crear un Fondo de Emergencia Sanitaria, sin siquiera mencionar el aumento del presupuesto de salud.

“Proponen desechar los créditos de las Instituciones financieras internacionales (BM, BID, FMI, BIRF)…” (6º punto) pero nada dicen de suspender el pago de la deuda externa a esos mismos acreedores internacionales!

Más adelante, el documento se refiere a la producción pública de medicamentos, sueros, vacunas y a la estrategia regional.
Aquí conviene señalar dos aspectos centrales. El primero referente a la creación de una red Mercosur de laboratorios públicos y a la propia reivindicación del Mercosur y de UNASUR.
De ninguna manera podríamos proponer como salida a la crisis sanitaria que los responsables de la bancarrota, dirijan el rescate de la salud pública. Baste como ejemplo la luz verde de los gobiernos de los países que integran el Mercosur a favor de la explotación de la minería a manos de las multinacionales que hoy se enriquecen y destruyen el medio ambiente (¡Argentina!). O el reciente ‘gasolinazo’ de Evo Morales contra las masas explotadas en Bolivia. O la entrega en brazos de los pulpos papeleros de Uruguay, acompañado por la Argentina.
Cuadro agravado por la crisis internacional que atraviesa su cuarto año de colapso.

La segunda cuestión apunta a un debate que damos desde hace 10 años y que se refiere a la médula del problema: no puede haber un desarrollo tecnológico independiente de los pulpos de la industria de los medicamentos sin denunciar y desconocer la ley de patentes y sin un programa que plantee la intervención de la industria farmacéutica, la apertura de sus libros, sus balances y sus estructuras de costos y los beneficios económicos que usufructúan los grupos que concentran la producción de medicamentos.
Adicionalmente, sostenemos que la producción no debe ser pública sino estatal, ya que el carácter público no delimita la política del estado (el carácter público incluye ONGs).
Asimismo la dirección de la producción estatal de medicamentos y la investigación científica, su programa y sus objetivos, deben ser puestos bajo la dirección de los trabajadores, sus organizaciones gremiales y sociales.
Un aspecto no menor es el referente a su financiamiento, el que debería ser irrestricto y provisto por el impuesto al capital.
La política de producción estatal de medicamentos y productos farmacéuticos bajo el control de los trabajadores se enfrenta no solo a los intereses de las corporaciones de la industria sino también a los dictados de la Organización Mundial de Comercio.
Una política independiente del FMI, de los acreedores usurarios y de la OMC, implica el desconocimiento de la ley de patentes y el no pago de la deuda externa.

En lo referente a salud mental, tras 10 años de la Ley 448, el vaciamiento de los hospitales públicos, la catastrófica situación de los hospitales psiquiátricos y el derrumbe de la salud pública en la CABA, dejan al descubierto los límites de la ley.
Lejos de mejorar la situación de la salud mental, asistimos a su vaciamiento a favor de los intereses capitalistas y de su transferencia al sector privado.
Ni se construyeron casas de medio camino, ni se habilitaron los hospitales generales de agudos para la internación de pacientes con esas necesidades ni se incrementó el presupuesto para la salud en su conjunto.
Por el contrario, la situación de los hospitales porteños es calamitosa, el déficit de personal, el deterioro edilicio y el retraso tecnológico, dominan la escena.
La ley nacional de salud mental se inscribe en el mismo escenario.
Sobre el particular Tribuna de Salud se ha pronunciado desde siempre a favor de la habilitación a todos los profesionales del área de la salud mental, para conducir los servicios que se encargan de la materia, disposición que, por otra parte la ley 448 no garantiza (sólo autoriza).
Pero esta reivindicación no puede ocultar el carácter general privatista de las leyes como la 448, que habilitan la privatización de servicios y la participación de la iglesia católica a la hora de las decisiones sobre la salud mental.

Los 22 puntos se pronuncian sobre políticas de drogas y adicciones obviando denunciar a los capitalistas, a los carteles y el entrelazamiento entre los gobiernos burgueses y la producción y el tráfico internacional de drogas.

En otro orden, proponen “la eliminación de las ART retomando así el propio Estado como prioridad en su agenda la salud de los trabajadores” y las modalidades precarias de contratación laboral.
Entendemos sobre la cuestión de las ART, que la patronal debe asumir su responsabilidad y los costos que implica la conservación de la salud del trabajador en el ejercicio de su empleo.
Vale esta observación tanto para la patronal en el empleo privado como cuando el estado es el empleador.
En todos los casos se trata de preservar la salud del trabajador en su empleo, la asistencia por cuenta de la patronal privada o estatal cuando su enfermedad/accidente se produce en ocasión del trabajo, y su resarcimiento económico en caso de sufrir una invalidez ocasionada por el trabajo. De ninguna manera aceptamos que la patronal privada transfiera su responsabilidad y los costos que demanda el cumplimiento de su obligación patronal, al estado.
Asimismo el marco regulatorio para la higiene y la seguridad laboral, expresa el carácter de la política de los partidos que gobiernan e integran el estado; sin duda, el carácter patronal de los partidos de la burguesía, se orienta en favor de sus intereses económicos y de clase.
En ese marco, las ART son sólo un instrumento de aplicación de la política patronal/gubernamental.

La “libertad y democracia sindical” que reclaman (18º punto) resulta un postulado vacío en la medida que no denuncian a las burocracias sindicales de la CGT y CTA que han admitido el deterioro de los salarios, trabajo flexible y tercerizado. El asesinato de Mariano Ferreyra y la lucha de los tercerizados de la línea Roca del ferrocarril, pusieron blanco sobre negro este asunto. La CGT de Moyano amparando junto al gobierno a las patotas de Pedraza y persiguiendo a los obreros que enfrentan a las patronales. La CTA quebrada y paralizada, por cuenta de la subordinación de sus fracciones dirigentes, al gobierno K y al moyanismo una y a la oposición patronal centroizquierdista la otra.

Estos son los aspectos centrales de nuestra crítica a los 22 puntos.
Demás está decirlo, pero aprovechamos para reafirmar nuestro apoyo incondicional al derecho de la mujer al aborto seguro, libre, gratuito y en el hospital público.
Anticonceptivos para no abortar, aborto gratuito, seguro, en el hospital público, para no morir!

Desde Tribuna de Salud señalamos que no suscribimos los 22 puntos formulados por el Foro de Salud y Sociedad, y reiteramos nuestra propuesta central, frente a la crisis sanitaria:

Por un sistema de salud público, de acceso universal, gratuito y bajo control de los trabajadores.
Triplicación del presupuesto para salud.
No al vaciamiento y privatización del hospital público.
Nombramientos para todos los cargos vacantes.
Fuera las empresas de servicios tercerizados y reincorporación al estado de sus trabajadores en igualdad de condiciones que los convenios vigentes.
Paritarias libres, con mandato de asambleas y revocabilidad de los representantes mediante el voto de las asambleas de bases.
Producción estatal de medicamentos y vacunas bajo control de los trabajadores.
Desconocimiento de la Ley de Patentes.
No al pago de la deuda externa.

Tribuna de Salud
Enero de 2011