El gobierno de Macri y el ministro Lemus dirigen una política sanitaria orientada al achicamiento del gasto en salud.
Así se verifica cuando el desabastecimiento de insumos es el fenómeno común a todos los hospitales y centros de salud porteños.
La obsolescencia de los equipos de diagnóstico, la falta de designaciones de profesionales médicos y no médicos, técnicos, enfermeros y personal del escalafón general expresan la política de vaciamiento del hospital público.
Macri lleva adelante la política del Banco Mundial, dirigida a la privatización del sector público de salud.
Los proyectos inmobiliarios en la zona sur de la Ciudad materializan la enajenación del patrimonio público, incluyendo sus hospitales, en beneficio de la especulación inmobiliaria.
El Parque Cívico y el Proyecto Lineal del Sur se edificarán en los terrenos de los hospitales psiquiátricos Borda y Moyano, demoliendo entre otros, los talleres protegidos del Borda.
La compactación hospitalaria toma cuerpo en el proyecto de cierre del Udaondo y Ferrer y sus traspasos a los terrenos del Muñiz, también incluidos en el Proyecto Lineal del Sur.
La política de privatización ha dado paso al decreto 1068/08, que admite la “saturación en el sistema de salud público de turnos de laboratorio, radiología y consultorios externos ...” dictando “disposiciones tendientes a liberar a los hospitales públicos de la tarea de realizar los exámenes previos a la expedición de la libreta sanitaria....”
La ley que terceriza el cobro de la facturación a terceros pagadores apunta al arancelamiento total de la actividad y al gerenciamiento “empresarial” de prestaciones de los hospitales públicos. Todo deberá pagarse, sea por obras sociales, seguros, municipios o por “vale salud”, para los pacientes sin coberturas.
El Estado se retira del financiamiento de Salud Pública.
El hospital “deberá competir” en el mercado.
Los convenios firmados con las facultades de medicina privadas, otorgando el ámbito del hospital público para la instalación de sus actividades de pre y post grado, a cambio de un arancel exiguo, atienden a los negocios privados en los hospitales públicos.
Los tomógrafos tercerizados no funcionan debido a su obsolescencia y el único resonador es privado. El abandono del hospital público es la consecuencia más destacada del primer año de gestión macrista en la ciudad.
La política salarial está atada a los acuerdos firmados entre el Kirchenismo, Moyano y Yasky.
En este plano, a la hora de descargar el peso sobre las espaldas de los trabajadores, Macri y Cristina coinciden en la flexibilización salarial, que no podría subsistir sin el acuerdo de los sindicatos porteños, entre ellos la Asociación de Médicos Municipales.
La oferta de anticipación de las jubilaciones y el plan de pagos de una suma compensatoria hasta 40.000 pesos, es una estafa que pretende ocultar el abandono del reclamo y la movilización activa por el 82% móvil para el haber jubilatorio.
La Asociación de Médicos Municipales se ha disciplinado a través del gobierno de Ibarra – Telerman y ahora Macri, a la política de sus ministros de salud.
Si mostró críticas al renunciado Stern durante el gobierno de Ibarra, nunca abandonó al jefe de gobierno, destituido tras la masacre de Cromañón.
Con Telerman saludó a De Micheli y a Spaccavento, pero es con Lemus – Macri con quienes alcanza el máximo nivel de integración al gobierno, con dirigentes gremiales de primer orden que saltaron a la función pública en áreas estratégicas de la Ciudad.
La reciente determinación del gobierno de crear una Junta Asesora para la designación interina de Directores y Subdirectores Médicos en los hospitales porteños, es ni más ni menos que un plan de digitación para la designación de los funcionarios y la claudicación de la AMM, que abandonando el reclamo de concursos de acuerdo a la Carrera Profesional, acompaña al gobierno de Macri.
Las viejas prácticas de la burocracia sindical se repiten año a año a la hora de la aprobación anual de la Memoria y Balance.
Con cuentas ocultas que encierran gastos jamás discriminados públicamente y una memoria que se regodea en su retórica, las bases del gremio desconocen el accionar de su conducción, que se encuentran ausentes de las decisiones gremiales que deberían ser tomadas por las asambleas hospitalarias.
Esta es la misma burocracia que arremete contra los médicos que reclaman sus salarios y rechazan los límites impuestos por el gobierno, o contra aquellos que denuncian el desabastecimiento hospitalario, como en el caso del hospital Gutiérrez, en el que la filial médica local se alineó con los funcionarios oficialistas, intentando cerrar el paso la movilización de los trabajadores.
En el presente y en el horizonte de la AMM, la lucha contra los planes privatizadores del macrismo, será el eje del reagrupamiento de los médicos, de frente a las elecciones gremiales del 2009.
Tribuna de Salud
septiembre de 2008
