Los
capitalistas responden a sus intereses de clase.Recomiendan pagar, para romper el aislamiento financiero, para seguir tomando deuda.
Buenos consejos de buenos muchachos.
Luis Trombetta
Banco Ciudad
El
resumen y los contenidos se presentan a continuación:
LA SEMANA EN POCAS PALABRAS
La
novela de la deuda parece no encontrar un final feliz. A horas del fallo del
juez neoyorkino, Thomas Griesa, que entiende en la causa iniciada por los
bonistas que no aceptaron el canje, se abren grandes interrogantes sobre las
consecuencias legales, económicas y políticas que deberá afrontar la Argentina. El 26 de
octubre un fallo de la Cámara
de Apelaciones de Nueva York convalidó una decisión de juez Griesa por la que
los “fondos buitre” consiguieron que se prohibiera el pago a los bonistas de la
deuda reestructurada si no se les pagaba también a ellos.
El
punto más relevante es que esa sentencia debe convivir ahora con la suspensión
de la medida “no innovar” que se dictaminó esta semana. Así, el juez ordenó
depositar antes del 15 de diciembre la suma equivalente al capital y los
intereses adeudados, por unos USD 1.330 millones, como “depósito en garantía”,
hasta tanto exista un fallo de fondo respecto de la causa.
En
nuestra visión, existió una “mala praxis” del gobierno argentino que permitió
justificar una acción judicial inédita, contraria a los intereses de la República Argentina.
El principal fundamento por el cual el Juez Griesa suspende la medida “no
innovar” fueron las declaraciones públicas de la Presidente Cristina
Kirchner y su Ministro Hernán Lorenzino, anticipando que no se respetaría
ninguna decisión que implicase abonar total o parcialmente a los demandantes.
Así,
aparecen dos cuestiones que explican por qué, luego de 10 años de litigio, se
está a un paso de forzar un segundo default de la deuda argentina. El primero
es la cuestión de fondo: el juez había mantenido hasta ahora fuera de la
discusión los pagos a los tenedores de bonos reestructurados. Pero a partir del
nuevo fallo, recurre a una nueva interpretación de la cláusula de pari-passu
(una figura legal-técnica que, básicamente, indica que no se puede dar un
tratamiento diferente a distintos bonistas), la cual estaría siendo violada, a
criterio del Juez. Sobre este punto, de fondo, todavía debe expresarse
nuevamente el pleno de la Cámara
de Apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema. La segunda razón, más operativa,
es el levantamiento de la medida de no innovar, que obliga al gobierno a
depositar los fondos antes del 15 de diciembre para seguir litigando, incluso
antes que se resuelvan definitivamente las apelaciones.
El
gobierno argentino recurrirá a todas las instancias de apelación posibles, pero
si no se reinstala antes del 15-D la medida de “no innovar” u obtiene una
sentencia favorable o, en su defecto, no deposita los USD 1.330 millones,
tendría unos 30 días de plazo antes de caer en default (el plazo máximo que
otorgan las cláusulas legales de los bonos para hacer los pagos convenidos).
Asimismo, aunque el fallo involucra un monto inicial de USD 1.330 millones, el
monto total del problema podría escalar hasta los USD 11.000 millones, si se
considera el total de los bonos que no ingresaron al canje.
A
nuestro juicio, el gobierno desaprovechó una oportunidad (quizás única) para
mostrar voluntad de pago e inducir a la Justicia a una interpretación distinta:
básicamente, ofreciendo a los “fondos buitre” un pago equivalente al del resto
de los bonistas que ingresaron a los anteriores canjes.
Argentina
debería plantear este reclamo en su inminente apelación. Aquí se abren dos
posibilidades. La primera es que la
Justicia considere que ambas deudas deben pagarse plenamente
(una por un monto reestructurado, el otro por el monto pleno), que es a lo que
aspiran los litigantes y es lo que dictaminó Griesa. Pero la otra es que defina
que lo que hay que pagarle a los “fondos buitre” guarde una proporcionalidad
con lo que recibe aquel que, en su momento, aceptó el canje propuesto por
Argentina. Esta segunda versión replicaría lo que hoy es práctica corriente en
los mercados de bonos mediante las denominadas “clausulas de acción colectiva”:
que las minorías deben someterse a las mismas condiciones aceptadas por la
mayoría.
Resolver
el problema de la deuda en mora tendría muchos beneficios: implicaría romper
definitivamente el muro de aislamiento financiero que sufre el país, reabriendo
el mercado de capitales internacionales a las empresas argentinas y al
gobierno, algo que sería imprescindible para aprovechar un momento en el que
ese mercado ofrece los menores costos financieros de los últimos 40 años. Si,
por el contrario, el Gobierno elige adoptar una posición ideológica y se
resiste a resolver el problema, no sólo perdería esta oportunidad, sino que se
vería forzado a un nuevo default de la deuda reestructurada o a hacer un nuevo
canje para moverla de la legislación internacional a la local, lo que
incrementaría aún más los costos de financiamiento, dificultando la
recuperación de una economía hoy estancada y destruyendo empleos.
CONTENIDOS
- Fallo Griesa: another brick in
the wall (pág.2)
- Actividad
Económica: un paso en falso (pág.6)
- Desempleo:
en ascenso (pág.7)
- Estadístico (pág.11)
