Hecha la ley ("progre"), hecha la trampa (privatista)
Por Hernán Scorofitz
Para Tribuna de Salud
En los últimos meses, distintas asociaciones de profesionales de la Salud Mental, “colectivos” de psicólogos, ONGs y algunas personalidades vienen impulsando la sanción definitiva del Proyecto de Ley Nacional de Salud Mental, cuya autoría pertenece al Diputado del ARI fueguino (K), Leonardo Gorbacz y ya cuenta con la aprobación –por unanimidad- de la Cámara de Diputados desde el año pasado.
El presunto carácter “progresista” que despertaría la simpatía y apoyo de un importante sector del campo de la salud mental –con la consiguiente “antipatía” de las llamadas “corporaciones médicas”- se basa en que el Proyecto promueve la acción “interdisciplinaria” en los servicios hospitalarios, amplía la incumbencia en las decisiones de internación psiquiátricas (restándole el monopolio legal a los psiquiatras) y promueve la “desinstitucionalización” de los pacientes psiquiátricos internados (en una mayoría “cronificados”) en “dispositivos alternativos”.
Sin embargo, cabe destacar que lo bello (y ambiguo) de la letra del Proyecto, a la hora de trazar una caracterización del cuadro general de derrumbe de la salud pública y mental, y un estudio pormenorizado de dicho Proyecto, deviene en un verdadero cheque en blanco para que las distintas administraciones capitalistas (municipales, provinciales y el estado Nacional) prosigan en la política de vaciamiento y liquidación del Hospital Público, con la consiguiente “salida” capitalista (privatización) al desfalco y desfinanciamiento.
Tres artículos del Proyecto de Ley resultan por demás clarificadores en sintonía con las “reformas” en salud propiciadas por el Banco Mundial: el Art. 27 restringe y directamente prohibe la creación de nuevas unidades públicas hospitalarias monovalentes de internación, mientras que insta a una “paulatina” sustitución de las ya existentes por “dispositivos alternativos” (que como ya hemos destacado brillan por su ausencia en el plano nacional, provincial y municipal en todos los niveles de atención). Por otro lado complementariamente, el siguiente artículo (Art. 28), ordena realizar las internaciones psiquiátricas solamente “en hospitales generales” mientras cuenten con “recursos necesarios”. La situación planteada al día de la fecha resulta ser la manifiesta situación de colapso de los hospitales generales ( y no solo monovalentes) en todo el país. Los “recursos necesarios” librados a la “interpretación” de los gobiernos capitalistas provinciales y municipales (sumado al Estado Nacional) en la perspectiva del traspaso planteado directamente abriría una instancia de agravamiento de la atención en la red hospitalaria, particularmente en lo que se refiere a la asistencia de pacientes psiquiátricos internados.
Justamente son los “recursos necesarios” planteados en el Art. 32 del Proyecto de Ley, el cual establece un límite de tres años desde la eventual sanción del mismo, para que “El Poder Ejecutivo” incluya “en los proyectos de presupuestos un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento (10 %) del presupuesto total de salud”, promoviendo a que “las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio”. De acuerdo a las políticas implementadas por los gobiernos ajustadores (y avaladas desde las Legislaturas provinciales y de la Ciudad) el “piso” del 10 % será, en el mejor de los casos, un techo inalcanzable en el marco del progresivo ajuste y desfinanciamiento ejecutados por dichas administraciones.
De hecho, lo establecido por la Ley solo se basa en una suerte de “indicación” y no tiene un efecto vinculante.
Aún si lo tuviera, un “mínimo” de un incremento en un 10 % del Presupuesto en un lapso de tres años (frente a las proyecciones inflacionarias actuales) ni siquiera resultaría ser “una aspirina para el cáncer” del derrumbe sanitario nacional. O bien estaría condenado a ser un mero “saludo a la bandera”, o en el mejor de los casos un paliativo inocuo frente a las necesidades acuciantes planteadas para los trabajadores y profesionales de la salud, y particularmente para la asistencia sanitaria de la población.
Así las cosas, la Ley mencionada –al igual que con el “caso testigo” de la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires- sería nuevamente tomada por los gobiernos provinciales y municipales para profundizar la política de transferencia de recursos y colapso hospitalario.
No casualmente la Cámara de Diputados votó por unanimidad el Proyecto (o sea los representantes de la camarilla kirchnernista y la oposición patronal de todas las provincias unidas sin chistar). Tampoco es casual que el máximo consultor de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), Hugo Cohen señalara a Perfil (26/09) “Apoyamos el proyecto de ley en función de que responde a las recomendaciones que en el campo de la salud mental y los derechos humanos hace la OMS”. Cabe destacar que las “recomendaciones en el campo de la salud mental” de la OMS vienen impartidas directamente desde los papers del Banco Mundial.
Distintas experiencias en el mundo y en nuestro país (Italia, Inglaterra, California, San Luis, Río Negro) que devinieron en verdaderas catástrofes sociales en muchos casos nos obligan a sacar como conclusión que la tan mentada “desmanicomialización” implica la creación previa de las alternativas de contención y tratamiento.
Lo que plantea a su vez, una reorganización del sistema de salud mental estatal, cuya financiación obligará a incursionar fuertemente en los intereses capitalistas, sean los de la empresa privada de medicina, cuyos recursos deberían declararse de utilidad pública y al servicio de un sistema social de salud; como los del gran capital y sus cuantiosos beneficios, mediante impuestos gravosos para el sostenimiento de la salud pública. Sin esto, la tan trajinada “desmanicomialización” derivaría en un negocio de instituciones privadas a expensas de pacientes con buenas coberturas, o recursos familiares. Y al directo abandono de la mayoría que carece de ellos.
Esto sin dejar de lado que un enfoque etiológico más general del padecimiento psíquico implica la reforma desde sus bases, del actual régimen social, que lejos de prevenirlo lo potencia y lo reproduce.
Toda reforma entonces - para formularla como un programa de acción - debe partir de la triplicación del presupuesto de Salud bajo el control de los trabajadores y profesionales, el nombramiento de personal y la incorporación con salarios de convenio de los miles de trabajadores ad honorem. Ningún traslado si no se construyen los centros estatales necesarios (hospitales de día, talleres de rehabilitación, familias sustitutas, etc.), salas en todos los barrios, con atención general las 24 horas, y un salario para todo el personal igual a la canasta familiar. Subsidio económico para familias con enfermos mentales graves. Ninguna prebenda o contrato con ONG´s, fundaciones y clínicas privadas.
En el marco de un sistema de salud mental así reformulado, la selección del personal de dirección, en las distintas instancias, debería corresponder a un sistema de elección democrática por parte de los trabajadores involucrados, con el criterio de los mejores constructores de la organización común. Esto sin desmedro del reclamo democrático actual de que distintos profesionales del equipo de salud puedan, demostrada su idoneidad y dedicación, ejercer cargos jerárquicos.
En dichos términos, reafirmamos nuestra lucha por un sistema de salud único integral, estatal, público y gratuito - y por ende de salud mental- , que integre todos los niveles de atención sanitaria: los centros públicos comunitarios y preventivos (APS), el hospital público y las obras sociales y promovemos la nacionalización de los laboratorios medicinales.
